Cerrando el año 2021, el 27 de diciembre, escribimos artículo de opinión en el que resaltábamos:
“El Régimen Económico y Fiscal (REF) no fue diseñado para afrontar circunstancias tan excepcionales, quedando muchos de sus mecanismos e instrumentos notablemente erosionados con motivo de la pandemia y del volcán. Y la sociedad canaria no se merece la indiferencia ni más dilaciones en periodos como el que estamos viviendo”.
“Las situaciones vividas en estos casi dos años, de pandemia y volcán, con consecuencias en algunos casos devastadoras para la economía canaria, llevan la necesidad de una actuación por parte del gobierno, que sea eficaz y certera”.
“En estos tiempos de incertidumbre, es imprescindible que Canarias cuente con un marco tributario con seguridad jurídica que aporte un grado de certeza razonable en el uso y aplicación de los mecanismos e incentivos del REF”.
“Por ello, más que nunca, se precisa que la normativa vigente sea lo suficientemente clara para que los incentivos puedan ser utilizados y desplieguen efectos económicos beneficiosos en las Islas, adaptándose a las actuales circunstancias, de forma que realmente puedan contribuir a paliar la grave situación a la que el archipiélago se está viendo sometido”.
“En ese sentido, el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, propuesto por el Gobierno de Canarias y refrendado por el Parlamento, recogía en su declaración institucional de 30 de mayo de 2020, el compromiso de revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales para adaptarlos a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo, para incrementar la liquidez empresarial y la inversión en el archipiélago”.
“El pacto, se hacía eco de la necesidad de modificar y adaptar a las actuales circunstancias instrumentos del REF tales como la RIC (Reserva Inversiones en Canarias), DIC (Deducción por Inversiones en Canarias), ZEC (Zona Especial Canaria) y los límites a las ayudas de estado regionales con flexibilidad. Adquiriendo el compromiso de eliminar los obstáculos que dificultan su aplicación y aprovechamiento, flexibilizando temporalmente ciertos requisitos, especialmente los relativos al mantenimiento y materialización de inversiones e incentivar la generación y mantenimiento de empleo, la liquidez empresarial y la inversión privada.”
“Canarias precisa la urgente flexibilidad de los plazos de inversión, periodo de utilización y/o mantenimiento de inversiones y especialmente en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la creación y mantenimiento del empleo como medio de materialización de la RIC, la aclaración de los preceptos que siguen generando incertidumbre y retraen el impulso que los incentivos del REF deberían provocar la recuperación de la actividad económica y el empleo de las Islas”.
“Con el fin de conseguir la prórroga de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), partidos con representación parlamentaria presentaron enmiendas a la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, siendo rechazadas en su totalidad. La sensibilidad del Ministerio de Hacienda y de su ministra María Jesús Montero deja mucho que desear con Canarias”.
“El año pasado, al borde del cierre del ejercicio, se aprobó la prórroga de 2021 para materializar la RIC correspondiente a 2016. La materialización de la RIC dotada en el ejercicio 2017 correspondería materializarse en 2021. Por tanto, se unen ambas dotaciones (2016 y 2017) en un 2021 próximo a cerrar. Situación esta última sin precedentes”.
En ese día 27 de diciembre se acordó en el Pleno del Parlamento de Canarias con un informe favorable a la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) que incluía la prórroga de la materialización de la RIC hasta el 2023 y la ampliación del período de vigencia de empresas en la Zona Especial Canarias (ZEC) hasta el 2027. Solo se planteaba la duda, de trabajar para conseguir la ampliación de este último plazo, para la ZEC, hasta el 2029.
En Real Decreto Ley 31/2021, de 28 de diciembre, se aprueba la modificación del REF. Se modifica el apartado 11 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente forma:
“11. Los contribuyentes a que se refiere este artículo podrán llevar a cabo inversiones anticipadas, que se considerarán como materialización de la reserva para inversiones que se dote con cargo a beneficios obtenidos en el periodo impositivo en el que se realiza la inversión o en los tres posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos en el mismo.
Las citadas dotaciones habrán de realizarse con cargo a beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023. …”
Y se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 29. Vigencia de la Zona Especial Canaria.
1. La Vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre de 2027, prorrogable previa autorización de la Comisión Europea.
2. No obstante, la autorización de la inscripción en el Régimen Oficial de Entidades de la Zona Especial Canarias, tendrá como límite el 31 de diciembre del año 2023.
3. El mantenimiento de la Zona Especial Canaria estará condicionado en todo caso al resultado de las revisiones periódicas que deba realizar la Comisión Europea.”
En una rueda de prensa del día 1 de febrero, en el Colegio de Titulados Mercantiles se explicó la situación de incertidumbre que genera una normativa que no está adaptada a la crisis sanitaria por la pandemia y por la erupción del volcán en La Palma.
Orlando Luján Mascareño, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF, y Samuel Cruz Palenzuela, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, pidieron que el Estado adapte las medidas fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para “evitar inseguridad jurídica, perdida de empresas y, por ende, la pérdida de empleos”.
A la rueda de prensa también asistieron el delegado territorial de la AEDAF, Jaime Cabrea; el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC), Juan Luis Alayón García; el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho Lemes; y el decano del Colegio de Economistas de Tenerife, José Luis Casajuana.
Orlando Luján explicó que “desde abril de 2020 estamos esperando a que se aclaren y resuelvan temas importantes vinculados con el REF, entre ellos la flexibilización de los plazos para la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC)” que, de no producirse, supondría la devolución de importantes cantidades a la Administración, por los autónomos y empresas, que no llegarían a invertirse en el archipiélago. Tras “la pérdida de más de 6.000 millones de euros en el PIB en el archipiélago” Canarias no se puede permitir la pérdida de inversiones que sostengan el tejido empresarial y el empleo.
“Solicitamos que el legislador establezca con rotundidad que las empresas que han parado su actividad por causas sobrevenidas no se vean afectadas por los incentivos fiscales”, indicó Salvador Miranda, para quien también afecta a la economía canaria la nueva interpretación del Ministerio de Hacienda que deja fuera a las empresas que realizan operaciones de comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC), “lo que conlleva pérdida de empresas internacionales, de puestos de trabajo y desmotiva que vengan otras empresas a Canarias”.
Los promotores del Manifiesto del REF reconocen que se han hecho algunos cambios desde 2020, como las deducciones al sector audiovisual, pero “no se ha ido al fondo de muchas de las cuestiones que preocupan al tejido económico de las islas, no solo no se han adecuado las medidas fiscales a la realidad económica actual de Canarias, sino que muchos aspectos de las normas no son lo suficientemente claras y genera mucha incertidumbre”, aseguran.
En este sentido, Luján explicó que “son muchas las empresas que podrían invertir utilizando mecanismos como la RIC, si se aclarara y adaptara el marco normativo dotándolo de seguridad jurídica y otras podrían dejar de hacerlo si temen acabar discutiendo en los tribunales”. Y, añade Luján, “aunque los jueces le puedan finalmente dar la razón al empresario, pueden pasar más de diez años para ello”.
Siempre somos optimistas, por lo menos siempre lo intentamos, aunque nos cueste.
“Si no tenemos seguridad jurídica, ponemos en peligro nuestras empresas, el empleo y la economía de Canarias”, aseguran.
Corviniano Clavijo
Presidente de Crónica del Atlántico Hoy, S. L.