Estamos asistiendo últimamente a grandes discursos de investigadores y profesionales que nos cuentan de los problemas del agua en Canarias, de las aguas subterráneas, de los datos de los planes hidrológicos, de las aguas regeneradas, de las soluciones para la sostenibilidad de la gestión, de la digitalización y ya parece que tienen la varita mágica para todos los problemas del agua en Canarias. Incluso algunos con gran endiosamiento no paran de repetir el mismo discurso sobre lo mal que lo hacemos todos.

Todo esto en teoría lo conocemos en Canarias, donde hemos sido pioneros en todos los aspectos del ciclo integral del agua: en la especial gestión de los recursos de agua subterráneos y superficiales, en la producción de agua desalada de mar y de agua salobre, en la reutilización de las aguas depuradas, de los vertidos en emisarios, en la digitalización del agua, en la gestión integrada de los servicios públicos y en la gestión ambiental y sostenibilidad.

Si hemos sido tan buenos e innovadores en el agua, ¿qué problema tenemos ahora en Canarias en la gestión del recurso? ¿Por qué aparecen ahora las Emergencias Hídricas, las Emergencias Climáticas? ¿Por qué no queremos decir qué pasa en Canarias con el Agua?

Sabemos que Canarias vive una situación de desequilibrio permanente entre los recursos naturales de agua y las demandas, salvo en algunas islas como La Palma y La Gomera (hasta ahora). Y esta situación está contemplada en los objetivos a cumplir de los Planes Hidrológicos y se incluyen sus soluciones y mejoras con los programas de medidas a ejecutar en los 6 años de los ciclos de planificación.

Pero el problema de la Política de Aguas en Canarias es otro más profundo, de origen social, administrativo y político: nos encontramos con un modelo de que no funciona y una cultura de agua que se ha convertido en indiferencia e ignorancia. Veamos algunas cuestiones.

Los que entramos en este mundo en el pasado siglo recordamos los Servicios Hidráulicos de cada provincia, con su estructura y funcionamiento en la gestión del agua. El régimen competencial evolucionó con la Ley de Aguas de 1990 y los Decretos de Transferencias, ley que para algunos vino condicionada por intereses y políticas particulares. Se crearon los Consejos Insulares de Aguas, se establecieron unas competencias del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y de los Consejos Insulares de Aguas. Asimismo, se estableció una tramitación en la Planificación con la Aprobación trifásica de estas tres Administraciones y Entidades.

Las competencias del Gobierno de Canarias se siguieron asumiendo en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas hasta el 2010. Con el cambio político que tuvo lugar en el 2011 la Dirección General de Aguas pasa a depender de la Consejería de Agricultura y Pesca, quedando en un olvido institucional histórico. Orgánicamente se dependía del Viceconsejero de Pesca y en un largo periodo de tiempo no existió ni director y en otras temporadas, ni jefes de servicio. Ahondando más en este olvido, alguien alumbró la idea de sacar Aguas de los Edificios Múltiples y los colocó en un edificio de “solera” en la Avenida Primero de Mayo, lo que para algunos ya el destierro total.

Siguiendo en este devenir de ideas brillantes, en esta última legislatura se llegó a la ocurrencia de cambiar Aguas, lo que era la Dirección General de Aguas, y según copia del modelo del Ministerio, integrarlo en una Consejería llamada ahora de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Se creó así una Viceconsejería denominada de Planificación Territorial y Aguas, y se crea la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas. Ello implica implica juntar Aguas con otra área: es decir, se nos deja como la olvidada María del Gobierno de Canarias.

Además de esta deriva política-administrativa de la Administración del Gobierno de Canarias, se presenta otro gran problema general de todas las Administraciones con la crisis económica de 2009. La política de contratación y renovación de los empleados públicos sufre un cambio sustancial. Se frena y se vive un gran periodo de pérdida de personal de las Administraciones.

Esta situación ha generado una situación de pérdida de calidad de los servicios de la Administración. No ha habido una estrategia de continuidad, una convivencia del personal con experiencia con el nuevo personal para que se produjera esa trasferencia del know-how, del talento, de la experiencia acumulada, sobre el conocimiento, sobre procedimientos y tramitaciones.

Para complicar aún más esta situación se publicó la Directiva 2000/60/CE, de  23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que obliga a la planificación de los recursos de manera cíclica cada 6 años, mediante los Planes Hidrológicos de cada una de las Demarcaciones Hidrográficas.

Nos llegaron otras normativas referentes al control de los Nitratos en las aguas subterráneas, de los tratamientos de las aguas residuales, de los vertidos, de las gestión administrativa y gobernanza de los recursos, de la recuperación de los costes, del cumplimiento con la redacción de los planes hidrológicos y los planes de gestión del riesgo de inundaciones, y sobre todo del cumplimiento de las medidas prometidas. Y con todo esto, nos llegan de forma continua los expedientes de infracción por los incumplimientos en prácticamente todo. Todo esto aun cuando con la llegada de las Directivas europeas se ha tenido que cambiar sobre la marcha la normativa en relación con la Política de Aguas. Sin embargo, ha sido y sigue siendo insuficiente.

Parece ser que al comienzo de la anterior legislatura se postuló por parte del gobierno la idea de modificar la Ley de Aguas, de la necesidad de una política común solidaria en Canarias y de una planificación única. Para entender lo que está pasando el escenario es el siguiente:

• La Demarcación Hidrográfica de El Danubio tiene 801.463 km². Con 250.000.000 habitantes. La Demarcación Hidrográfica de El Hierro tiene 250 km² (la terrestre) con 9.000 habitantes. Las dos demarcaciones tienen que hacer las mismas tramitaciones.
• En España hay 25 Demarcaciones Hidrográficas, con una superficie total de 506.030 km², y con una población de 48,35 millones de habitantes. Canarias, representando un 1,48% de la superficie y un 4,59% de la población total tiene 7 Demarcaciones Hidrográficas, es decir el 28% de España.
• Por poner más ejemplos, la Demarcación Hidrográfica del Duero tiene una superficie de 98.073 km², la del Ebro tiene una superficie de 85.534 km² , la del Guadiana 67.129,38 km². Otro ejemplo de planificación, las Islas Baleares constituye una única Demarcación Hidrográfica.
• En Canarias se tiene que tramitar 14 planes en vez de sólo dos, el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones. Al final de la legislatura que ha acabado en 2023, el cambio de la Ley no se abordó y Canarias sigue teniendo 7 Demarcaciones Hidrográficas independientes.

Es cierto que cada Isla necesita de un estudio y planificación como un traje a medida, cada isla tiene sus particularidades hidrogeológicas y del uso del agua, pero debe existir una planificación conjunta, con procedimientos más simplificados y operativos, con una política integral e integradora, con una respuesta rápida a los requerimientos de Europa y que nadie quede atrás.

Llevamos años intentando que se pusiera en marcha un gran Convenio del Agua del Gobierno de Canarias con el Ministerio del orden de 900 millones de euros, y todavía está pendiente, pero ahora a menor escala. Tampoco es que hayamos dado una imagen de buena gestión en el Ministerio, se transfirió 10 millones en el 2017 y otros 10 millones en el 2018 para ejecución de obras hidráulicas en Canarias. Estas obras no se han concluido todavía por parte de todos los Cabildos Insulares.

Algo no funciona en Canarias

Nos hemos preocupado de sacar adelante una Ley de Cambio Climático cuando ya existía una, de tramitaciones de Economía Circular, declaraciones de emergencia climática y de emergencias hídricas y nos hemos olvidado de actualizar los datos de base y mejorar la planificación hidrológica en Canarias. También ha caído en el olvido la gestión, la gobernanza, la sostenibilidad y la aplicación práctica de los programas de actuaciones que vienen recogidos en los Planes. Y sobre todo, la parte más importante, nos hemos olvidado del factor humano. No ha habido voluntad en las distintas instituciones de gestión del agua voluntad por intentar formar equipos de técnicos especialistas que puedan dar el empujón a una verdadera gestión y planificación del agua. Equipos multidisciplinares, formados, motivados y valorados, con continuidad en las plazas.

El desequilibrio que existe ahora y de cara al futuro entre los recursos naturales y las demandas se conoce perfectamente, y lo dicen los planes, lo dice el sentido común. Una gestión eficiente y sostenible debe abordar de forma ágil esta situación de la forma que se conoce hace muchas décadas.

Es inconcebible que se plantee una emergencia hídrica para llevar a cabo actuaciones como impermeabilizar depósitos, sectorizar redes, localizar fugas y realizar trabajos de mejora en redes, cuando estas actuaciones deberían ser rutinarias en el mantenimiento todo el sistema hídrico de nuestras islas. Tampoco es explicable que se plantee para la construcción de nuevas desaladoras, cuando ya se sabe la evolución de la demanda hace años y cuando se pierde del orden del 55% del agua desalada en redes. Y el Gobierno de Canarias premia estas ineficacias con la subvención de los 8,5 millones de euros todos los años en vez de impedirlas. Afortunadamente algunos operadores realizan una excelente gestión.

Como ejemplo, y para hacernos idea de las magnitudes de las que hablamos, pongámonos “hipotéticamente” un caso de un Servicio de Aguas con unos recursos de agua desalada del orden de 15 millones de metros cúbicos al año, y unas pérdidas cercanas al 60%. Tan sólo el ahorro de un 20% de pérdidas supone una liberación de recursos de tres millones de metros cúbicos, o en términos de ahorro energético del orden de 10 millones de kw-h al año. Son unas cuantas toneladas de CO2. Asimismo, la implantación de un incremento de desalación de tres millones de metros cúbicos al año supone una inversión del orden de ocho millones de euros.

Será quizás que la solución no sea aumentar más producción de aguas desalada. Que no hace falta invertir millones en incrementar la producción de agua desalada, los vertidos de salmuera y daño ambiental, las emisiones de CO2 y encarecer sin ningún sentido el precio del metro cúbico al usuario final.

Vivimos en un mundo que creemos lo hacemos más sostenible porque sacamos una Ley de Cambio Climático cuando nuestra gestión y gobernanza del agua actual es enemiga de la sostenibilidad. No nos engañemos, que la culpa de todo no la tiene el cambio climático como se nos quiere hacer creer, la tenemos nosotros.

Se nos ha ido el tren y hemos perdido muchos años. Es necesaria la actualización de la Ley de Aguas, de la normativa de planificación y de la política de aguas en Canarias. Debe existir un Plan Hidrológico realista, basado en datos contrastados, único, regional y solidario. Se debe actualizar el conocimiento hidrológico e hidrogeológico que permita de la mejor valoración de los balances hídricos, de los estudios de avenidas y de los estudios de inundaciones costeras (porque las hipótesis del estudio nacional parece que no se adapta del todo al perfil costero canario). También se debe adaptar para Canarias y poner en práctica la nueva normativa de seguridad de presas y balsas y la directiva de inundaciones.

Hay mucho que hacer

Seguimos también en nuestra política de aguas con encuentros y desencuentros de las distintas administraciones competentes, a veces con diferencias de criterios en las actuaciones necesarias.

También en Aguas seguimos con la política de contratación de proyectos, estudios y obras a entidades medios propios de la Administración, lo que supone una competencia desleal y la pérdida de mercado para las empresas constructoras y consultoras, perdiendo en general expertos y empresas especializadas en el sector del agua en Canarias. En algunas Administraciones no se contaba con personal para la instrucción y tramitación de los expedientes de contratación y lo fácil era tirar de encomienda en vez de dotar de los medios personales.

Parece ahora se nos quiere hacer creer que el cambio climático causará la salinización de los acuíferos, disminuirá los recursos de lluvia y producirá más inundaciones y temporales de intensidad. La salinización de los acuíferos costeros la llevamos provocando hace décadas, en zonas donde se ha realizado de forma histórica unas extracciones de agua subterránea de forma excesiva, no porque se pueda elevar unos centímetros el nivel medio del mar.

En el caso de Tenerife y Gran Canaria sí se da la circunstancia de que ahora se extrae menos volumen de agua subterránea. Y no porque se observara una disminución de recursos naturales, sino porque en el siglo pasado y principios de éste se extraía agua de reservas y ahora se ha llegado a una situación de posible equilibrio del balance hidrogeológico (está por ver la evolución).

Y en cuanto a las inundaciones, olvidamos pronto las distintas inundaciones históricas en las islas. Un caso para recordar, en enero de 1950 se produjo un temporal en Gran Canaria que dejó incomunicadas a varios núcleos de interior y costa, produjo desbordamientos de barrancos como es el caso del Guiniguada con la inundación de parte de Vegueta y Triana y destrozos en el puente de Palo. Se están planteando actuaciones en Barrancos sin mirar al pasado y sin un fundamento técnico para la seguridad ante las avenidas.

Es preocupante además de cómo nos hemos olvidado de la obsolescencia de toda la infraestructura hidráulica. Existen desaladoras de los años 80 del pasado siglo que siguen operando de una forma muy particular. Depósitos, presas, emisarios, depuradoras, canalizaciones de aguas potables y de saneamiento, estaciones de bombeo, que en algún momento habrá que renovar y no se está teniendo en cuenta en la planificación.

El histórico “problema del agua” en Canarias del pasado siglo parece que ya no se oye. Gracias al esfuerzo de instituciones públicas y particulares, se ha conseguido dotar de producción y oferta de agua de recursos naturales y no convencionales como son el agua desalada y el agua regenerada solucionando la escasez que venían padeciendo nuestras anteriores generaciones. Con una inversión histórica millonaria en producción, transporte, distribución, saneamiento, regeneración, regulación y vertido “parece” que ya no es problema para la sociedad canaria actual. Prácticamente todo el mundo puede abrir el grifo y tirar de la cisterna y ya nos creemos que “todo está resuelto”.

Pero no podemos engañarnos, en la actualidad se vive un grave problema del Agua en Canarias. El desinterés político y social ha propiciado la situación de ineficacia general. Nos hemos olvidado del factor humano en las últimas décadas, y nos hemos preocupado más de la parte filosófica más que de la parte práctica de la planificación, gobernanza, sostenibilidad y del buen hacer.

Como se comentó en el Foro Mundial del Agua en la Haya en 2000, “las crisis del agua a menudo van unidas a la gobernabilidad”.

Es de reconocimiento y admirable la labor que han desempeñado y desempeñan el personal de la Dirección General de Aguas, de los Consejos Insulares de Aguas y de muchas empresas y entidades gestoras para cumplir con los requisitos impuestos de planificación y con la gestión, ordenación y explotación de los recursos. Se enfrentan a una guerra con los medios que tienen y con la política que se dicta en la actualidad.

Seguiremos esperando a un nuevo cambio en el planteamiento de la Política de Aguas en Canarias.