12 personas al día perdieron su vida durante el mes de agosto en la ruta canaria. Es un dato escalofriante, dramático y tristemente normalizado. Hoy la muerte de un migrante en aguas canarias no ocupa portadas ni abre informativos, pero lo que es peor aún tampoco tiene espacio en la agenda del Estado ni del Gobierno de Canarias. Hemos naturalizado la muerte. Lo que en la crisis de los cayucos de 2006 escandalizaba hoy se silencia, pero la realidad sigue siendo dura para cientos de niñas y niños que han perdido a sus padres y para los padres y madres que han perdido a sus hijos en la ruta clandestina más mortífera del mundo.

Estas palabras no son un reproche, son una llamada de atención a Europa, a España y a Canarias. No podemos seguir como si no ocurriera nada. No podemos hacer nuestras vidas como si nada mientras niños, mujeres y hombres pierden su vida a pocos metros. Los últimos datos cifran en 786 el número de muertos en lo que llevamos de 2021 en patera o cayucos, la mitad se registraron en agosto. Esos son los datos oficiales pero los expertos señalan que las cifras reales pueden ser aún más dramáticas si cabe. Canarias ha pasado en dos años de ser la cárcel más grande para migrantes al cementerio de Europa y la respuesta sigue siendo el silencio.

Toca preguntarse qué podemos hacer para evitar que Canarias se consolide como el destino de una huida sin retorno para miles de personas que escapan de conflictos bélicos, de la miseria y del hambre. No podemos seguir mirando para otro lado porque ese otro lado nos convierte en cómplices y responsables de una emergencia humanitaria, probablemente, una de las más importantes que está atravesando Europa. Pero para ello tenemos que situar la crisis migratoria en el mapa. Canarias sigue siendo la frontera Sur, el lugar de tránsito por el que acceder a Europa. No somos el destino final a pesar de la política de muros y macrocentros Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí hay algo que inevitablemente somos y que no cambiará a no ser que se activen políticas eficaces y recursos. Somos el lugar en el que cientos de personas, entre ellos niños y mujeres, siguen perdiendo la vida sin que nadie haga nada y seguimos siendo el territorio en el que casi 3.000 menores no acompañados permanecen en un sistema de acogida desbordado.

Como decía hay herramientas, las hubo en la crisis migratoria de 2006. La pregunta es por qué no las hay ahora. En dos años de crisis migratoria los nacionalistas canarios hemos pedido que se rescataran aquellas políticas que lideró con éxito el Gobierno de Adán Martín. Hemos pedido al Gobierno de Canarias actual que sea beligerante. Que abra los ojos a España y a Europa para salvar vidas. En 2006 se activaron todos los mecanismos. Al Frontex y a la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE, en las costas de Lanzarote y Fuerteventura se sumaron políticas de cooperación con los países de origen de las personas que llegaban a las Islas, una política de repatriación fruto de un arduo trabajo con los países emisores y una política de redistribución solidaria de los niños y niñas entre el resto de Comunidades Autónomas que permitió que Canarias no afrontara sola el peso de la presión migratoria procedente del continente africano.

Hoy no queda nada de aquello. La política migratoria del Gobierno de España se limita a levantar campamentos improvisados en muelles o naves, como en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que no cumplen las condiciones mínimas para dar una acogida digna a estas personas. Las políticas del actual Gobierno de Canarias en esta materia se limitan a agachar la cabeza y a sostener un sistema de acogida de los menores no acompañados colapsado por casi 3.000 niños y niñas a los que hay que escolarizar, a los que hay que incorporar al sistema sanitario y a los que hay que garantizar un presente para que tengan un futuro. Es una cuestión de sentido común, Canarias no puede seguir afrontando sola el peso del fenómeno migratorio y no se trata de una cuestión de recursos. El anuncio del PSOE de incorporar 50 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para atender el fenómeno migratorio de las Islas no es la solución. No se trata de dinero; se trata de implicar al Gobierno en una crisis humanitaria que debería ser asunto de Estado.

Lo ha dicho el Defensor del Pueblo, lo han dicho decenas de ONG, expertos en esta materia, en Canarias no ha habido previsión, a pesar de que se sabía que iba a estallar una nueva crisis migratoria, como tampoco ha habido coordinación entre administraciones. En Canarias se han vulnerado los derechos de las personas que llegaban en patera o cayuco de forma reiterada. Esto también se ha normalizado. Se ha levantado una red de acogida tan débil como un castillo de naipes, en definitiva, se ha improvisado y dos años después se sigue improvisando. No se trata de hacer de la crisis migratoria un arma arrojadiza; se trata de, entre todos, buscar respuestas para que Canarias deje de ser cárcel y cementerio para cientos de migrantes y sea ejemplo de cómo gestionar una crisis humanitaria de esta índole.