Desde el 1 de enero de este nuevo año, Canadá ha prohibido la compra de vivienda residencial por parte de extranjeros no residentes durante los dos próximos años. Con esta medida el gobierno canadiense busca estabilizar los precios de la vivienda, ya que el precio de estas había aumentado un 44% entre diciembre de 2019 y febrero de 2022.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau comentaba "Las casas canadienses están atrayendo a especuladores, grandes corporaciones y fondos de inversión extranjeros. Esto está generando un problema real de viviendas infrautilizadas y desocupadas, especulación desenfrenada y precios que se disparan. Las viviendas son para las personas, no para los inversores".
Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Inmobiliaria Canadiense, el precio promedio de la vivienda en Canadá ya había caído del pico de los 555.000 € a inicios de 2022 hasta los 435.000 € del pasado mes de diciembre (antes de entrar en vigor la medida). Cuidado que no sea esta una medida que promueva aún más el estancamiento económico anunciado para el próximo año.
Compras por parte de extranjeros
Da la casualidad de que leía sobre este tema el otro día mientras tomaba un café en una terraza de Santa Cruz. Y en la mesa contigua una pareja de mediana edad y que hablaban en inglés, debatían sobre comprar una casa mientras miraban un famoso portal inmobiliario.
Este es un problema global que viene teniendo lugar desde antes de la pandemia y que se ha acrecentado aún más en este entorno hiperinflacionario en el que nos encontramos.
De hecho, en junio había escrito sobre el sobrecalentamiento del mercado inmobiliario en Canarias (https://www.atlanticohoy.com/opinion/sobrecalentamiento-mercado-inmobiliario-en-canarias_1505362_102.html) y la cosa ha ido a más, siendo el 50% de las compraventas en Canarias por parte de extranjeros.
Las cosas cambian… demasiado rápido
Lo que empieza a notarse en las grandes ciudades en las que poca gente puede pagar los alquileres (ni hablemos ya de comprar su vivienda) es que empiezan a faltar servicios. Los ciudadanos que menores rentas perciben por sus trabajos cada vez están menos dispuestos a realizar largos trayectos en medios de transportes públicos para acceder a sus puestos en estas super ciudades. Así, población que cuenta con muchos recursos económicos no pueden tener acceso a ciertos servicios (limpieza, cuidados sanitarios de larga duración, jardinería, cuidado de piscinas, personal en negocios de hostelería o alimentación, etc.) y dicho acceso queda restringido al alcance solo de los más pudientes.
Solo han pasado diez años desde que España, que en ese momento tenía exceso de parque inmobiliario y escasez de masa monetaria en movimiento, ofreciese a inversores extranjeros la llamada Golden Visa que suponía adquirir un visado de un país miembro por el simple hecho de invertir en inmuebles(s) a partir de un cierto importe. Es paradójico que algunos países ya empiecen a imponer la medida contraria. Repito, diez años. El mundo cambia a una velocidad de vértigo y la vuelta de la globalización al proteccionismo es un hecho.
Normas ¿claras?
Este tipo de normas que apelan al proteccionismo, cada vez son más comunes en los países de occidente que tratan, por un lado, de ajustar y equilibrar el precio de las viviendas. Por otro lado, se trata de evitar que grandes fortunas o fondos de inversión tomen el control de algo tan básico como es el parque inmobiliario residencial.
Lo que si considero que debemos es poder jugar todos con las mismas reglas y que estas sean claras. Para ello deberemos contestar de manera honesta a varias preguntas: ¿es la vivienda un elemento de inversión? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los límites (de haberlos) por los que no se considera inversión sino especulación? Y en caso de que no se permita como inversión, ¿los ya propietarios estarán dispuestos a asumir la drástica caída de los precios que esto supondría?