La política económica se divide, principalmente, en dos áreas que controlan los estados: la fiscal y la monetaria. En la Unión Europea, salvo alguna excepción, la segunda es controlada por el Banco Central Europeo (BCE) del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que diseña una estrategia común para todos aquellos países que conforman el euro. Por lo tanto, estos estados pueden decidir en su territorio, en materia de política económica, solamente sobre la política fiscal.

Esta semana, hemos leído dos noticias que definen bastante a las claras las diferencias de estrategia en materia fiscal para este 2022 de dos países de la zona euro: España y Alemania.

En Alemania se ha anunciado una rebaja fiscal de 30.000 millones de euros a ciudadanos y pymes y se incentiva el ahorro personal con deducibilidad total de las aportaciones a los planes de pensiones. Con ello el gobierno teutón busca, por un lado, que sus ciudadanos noten lo menos posible el efecto de la inflación y la más que probable subida de tipos por parte del BCE. Asimismo, el nuevo Gobierno ha solicitado austeridad a los diferentes ministerios.

Por su parte, en España la noticia es el hachazo fiscal que se ha preparado para este ejercicio y ya se nos avisa que un grupo de expertos está preparando la reforma fiscal del siguiente ejercicio. Aquí, eso sí, ni rastro de la contención en el gasto público, ni de austeridad, ni un guiño a la ciudadanía por parte de nuestra clase política.

Alemania puede permitirse tomar estas decisiones, que son las que marcaría cualquier economista ante un escenario de alta inflación y posible subida de tipos, ya que su deuda pública es del 74% del PIB, y además las coadyuva con recetas de austeridad; mientras que España debe seguir en su huida hacia adelante, con una deuda pública que se sitúa en un 119,5% acompañada por un presupuesto récord (de este tipo de eslóganes, hablaré en otro artículo).

Aquí me gustaría detenerme porque los impuestos en los últimos tiempos se han convertido es este país en parte de la conversación ideológica. Y como todo lo que hoy en día es parte del debate, se ha convertido en un conmigo o contra mí y en una guerra de extremos, de tribus.

No conozco personalmente a nadie que entienda que no debamos pagar impuestos y que no debamos tener servicios públicos esenciales y de calidad. Es  una inmensa minoría la que piensa que el estado no deba proveernos una sanidad y una educación de calidad, una Administración y unos servicios sociales justos y eficientes o unas infraestructuras seguras y modernas.

Asimismo, no conozco a nadie que esté de acuerdo con los excesos de la clase política con el gasto público, ni que considere que paga pocos impuestos y que desea pagar más. Es decir, si bien se puede apoyar el aumento del gasto público para garantizar un mayor abanico de servicios para todo el conjunto de la sociedad, no se apoya que el esfuerzo siempre parta al 100% del ciudadano.

Esa dicotomía que vemos en el debate no existe en la cabeza de prácticamente nadie. Sin embargo, es el escenario en el que nos movemos y con los argumentos con los que tendemos a etiquetar, de manera simplista, a la opinión de los demás. Esto es debido a la infantilización y el simplismo de la discusión.

Blanco o negro, no hay puntos intermedios. No existe la posibilidad de aplicar las recetas más adecuadas dependiendo de la coyuntura actual, sin tener en cuenta la carga ideológica de las mismas. Hoy todo es ideología, y eso es muy peligroso.

Uno espera de la clase política un trato con la sociedad del tipo: vamos a subir los impuestos porque la situación no permite reducirlos, ni siquiera mantenerlos, pero en lo que está en nuestra mano vamos a tratar de hacer gestos, reduciendo gastos superfluos en coches oficiales o dietas que no son tales, no contratando asesores que no asesoran, o cerrando ministerios que no resuelven nada, entre otras muchas cosas. Quizás con esto no sea suficiente, pero sería un comienzo para que la sociedad perciba que es una situación en la que todos arrimamos el hombro por un bien común.

Por otro lado, nosotros como ciudadanos también tenemos una parte de responsabilidad (más pequeña) en toda esta situación: defendiendo a partidos políticos como si equipos de fútbol se tratase y no exigiendo una verdadera responsabilidad y rendición de cuentas por la administración deficiente de nuestro dinero por parte de la clase dirigente.

Decía el escritor y filósofo francés Edmond Thiaudière que “la política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.