Las catástrofes tienen un efecto catalizador sobre la condición humana: sirven para destapar dónde reside la solidaridad, para saber quién es —entre nuestros semejantes— un miserable, para descubrir si un cargo público está a la altura del puesto que ocupa y para, entre otras muchas reacciones más, calibrar la madurez de un pueblo.
El rastro que ha dejado la DANA que la semana pasada arrasó centenares de pueblo en Valencia y Albacete nos deja un panorama desolador: por el número de muertos —más de 200—, por los daños materiales ocasionados —miles de proyectos de vidas han quedado destrozados— y por el enredo político en el que vivimos desde el 11M de 2004 —con una respuesta deficiente para ayudar a las víctimas y mucho sátrapa intentando demoler los valores democráticos del país a base de esparcir bulos y mierda—.
No seré yo quien vaya a entrar en ese juego para echar más madera a un debate que ni ayuda a las víctimas ni genera nada bueno. Sobre todo porque en estos días de cabreo y tristeza, para mi sorpresa, han pasado desapercibido dos preguntas clave para afrontar algo de esta magnitud como una lección de cara al futuro: ¿por qué ha sucedido esto? ¿nos puede volver a pasar?
Un fenómeno meteorológico como esta DANA —que años antes se conocía bajo los calificativos de gota fría o riada— no es una novedad en el Levante en el español. Un repaso a la historia reciente o las hemerotecas basta para comprobarlo. Entonces, ¿cómo es posible que en 2024, con más medios, el daño haya sido mayor?
Más allá de la lentitud del Gobierno de la Comunidad Valenciana al decretar la alerta roja —algo que podría haber evitado muchas muertes—, la respuesta a la primera cuestión hay que buscarla, en muchos casos, en los planes de ordenación urbanística redactados por partidos de todos los colores políticos. Durante los últimos 60 años, en pleno boom depredador inmobiliario, se saltaron toda medida de seguridad o precaución para construir en zonas donde el agua siempre se ha abierto camino.
Mal panorama
En España existen 26.733 kilómetros de tramos de ríos con zonas inundables ―entre otros que todavía no se han estudiado― y en los que presentan más peligro de avenidas frecuentes viven 2,7 millones de personas. En Canarias, para concretar el tiro por una cuestión de cercanía, más de 32.000 personas viven en zonas que corren el riesgo de inundarse por altas precipitaciones y por el aumento del nivel del mar.
La segunda pregunta no aventura nada bueno. Por supuesto que puede volver a pasar. Sobre todo cuando el negacionismo del cambio climático aumenta entre parte de la población, que prefiere comprar teorías disparatadas en las redes sociales antes que escuchar a los científicos. En los últimos años, en España, la gente ha votado a una extrema derecha que, nada más llegar a las administraciones públicas, ha sustituido equipos de acción climática y emergencias por subvenciones para la caza y la tauromaquia.
Es desolador entrar estos días en las redes sociales. La confianza de la tribu está quebrada. Entre agitadores que pretenden establecer el caos a base de generar odio, cretinos que buscan su minuto de gloria ―y un puñado de likes en sus redes sociales― y la ausencia total de pensamiento crítico, el asunto no pinta nada bien. Y cuando nadie cree en nada, la masa cree cualquier cosa.
Eso de que el pueblo salva al pueblo, perdonen que lo dude, está por ver. Sólo la Educación nos puede salvar. Y ahí, por desgracia, en nuestro país también se impone la confrontación ideológica. De esta tampoco vamos a salir mejores.