El Manifiesto de los Colegios y Asociaciones Profesionales sobre la política de contratación de las administraciones canarias es una llamada de atención a una práctica que ha ido en aumento en los últimos años. La adjudicación directa de proyectos, obras y servicios a empresas públicas, tanto a nivel autonómico como nacional, está en contra de los principios de la legislación en materia de contratación pública y resulta perjudicial para el interés público.
La contratación pública se encuentra regulada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y establece que la adjudicación directa debe ser excepcional y debidamente justificada. Además, se debe demostrar que es más beneficiosa para el interés público que la libre concurrencia en el mercado. Sin embargo, en Canarias, las contrataciones a empresas públicas no son excepcionales, sino que se han producido cientos en los últimos años. Esto va en contra de la libre competencia y puede dañar la eficiencia en la prestación de los trabajos, aumentando su coste.
Por otra parte, estas adjudicaciones directas a empresas públicas no están justificadas por razones de interés público, sino que implican graves deterioros en la calidad de los trabajos. Se desprecia la experiencia y el buen hacer de empresas y profesionales con una larga trayectoria para poner los encargos en manos de empresas generalistas que contratan personal que no está sometido a ningún tipo de selección basada en criterios de mérito y capacidad.
Desaparición del control de calidad
Además, se desprecia el efecto que la concurrencia competitiva tiene en la obtención de las mejores ofertas, tanto técnicas como de precios. En la adjudicación directa, las empresas públicas imponen sus tarifas y las condiciones de ejecución, incluyendo cláusulas de revisión de precios en caso de que se alarguen los plazos o surjan imprevistos, algo impensable en los contratos con empresas privadas.
Esta práctica también supone una relajación, cuando no una desaparición, del control de calidad de los proyectos y obras y de su precio, propiciada por el desmantelamiento de los servicios técnicos de la administración. En algunos casos, son las propias empresas, por encargo de la administración, quienes validan los trabajos que ellas mismas han realizado. Se trabaja con una administración paralela. Esto va en contra del interés público y lleva a la disminución de la calidad y pone en duda la validez de los trabajos.
El daño al interés público contrasta con el objetivo de ley establecida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que tiene como fin la “regularización en la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos”. Por lo tanto, la forma de actuar de las administraciones canarias deriva en una competencia desleal por los siguientes motivos:
En primer lugar, en la disminución de la calidad de los trabajos, tanto por la desaparición del proceso competitivo como por la reducción del control de la administración sobre estas empresas, muy inferior al que se realiza sobre las privadas. En segundo lugar, en el aumento de los precios de ejecución, ya que las empresas públicas imponen sus tarifas y las condiciones de ejecución. Y, en tercer lugar, en la distorsión del mercado de trabajo profesional, al competir en una situación de absoluto privilegio con los emprendedores privados.
Recursos Humanos en las administraciones
Las Administraciones en la actualidad cuentan con las herramientas legales y administrativas para dotarse de los Recursos Humanos suficientes, adecuados y competentes para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación y la ejecución de los trabajos y la dirección facultativa de los mismos. Una Administración que cuente con una planificación y dotación adecuada de sus Recursos Humanos podrá dar los pasos administrativos en la contratación cumpliendo con la ejecución de su previsión presupuestaria.
Entonces, ¿por qué motivo se abusa de esta contratación?. La respuesta podría ser por evitar la Ley de contratos, controles de intervención y sus largos y tediosos trámites; por la incapacidad (falta de voluntad) de incorporar los Recursos Humanos necesarios para estas tramitaciones; y como puede pensarse, por otros motivos.
Esta práctica fácil de la encomienda a medios propios o contratos menores no trae nada bueno para la gestión pública, ha creado una Administración paralela que anula y se salta a la actual, empuja más a la pérdida del talento en la propia Administración y a la pérdida de oportunidades a las oficinas técnicas particulares, empresas constructoras y empresas de servicios.
Por parte de este Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se ha pedido y se pide a los distintos departamentos de la Administración que actualicen sus Recursos Humanos, las funciones y contenido de los puestos de trabajo, que cumplan con las competencias que tienen atribuidas, ejerciéndolas en su totalidad, creando talento y conocimiento perdido en las Administraciones para la mejor práctica de la contratación pública con eficiencia, eficacia, justicia y trasparencia.