Mucho se ha hablado de la afirmación que reza el título de este artículo en los últimos meses. Mucho se ha hablado también de nuestro REF (Régimen Económico y Fiscal), de la RIC (Reserva de Inversiones en Canarias), y de la ZEC (Zona Especial Canaria). En este sentido, estamos llegando a un punto de agotamiento y hastío.
No merecemos el desprecio de un gobierno que da la espalda a Canarias. No estamos hablando de colores de partidos ni de ideologías, estamos ante un desprecio a Canarias y un desprecio a su REF y, por tanto, a su singularidad.
Al borde del cierre de 2020, el gobierno de la nación, ante las dificultades que como consecuencia de la crisis pandémica limitaban la capacidad de las empresas canarias para cumplir con sus compromisos de inversión, acordó prorrogar hasta 2021 para materializar la RIC correspondiente a 2016. La materialización de la RIC para el ejercicio 2017 correspondía que se materializara también en 2021. Por tanto, se unían ambas materializaciones en 2021. A finales del pasado ejercicio 2021, concretamente, en la fecha del 27 de diciembre, se emitió por el Pleno del Parlamento de Canarias un informe favorable a la modificación del Régimen Económico y Fiscal, que incluía la prórroga de la materialización de la RIC hasta 2023 y la ampliación del período de vigencia de empresas en la Zona Especial Canarias (ZEC) hasta el 2027. Solo se planteaba la duda, de trabajar para conseguir la ampliación de ese último plazo, para la ZEC, hasta el ejercicio 2029.
Confiábamos en un acuerdo global, que, por el bien de nuestro desarrollo económico y social, diera una respuesta satisfactoria a una justa demanda. Pero la nula empatía que ha demostrado la ministra del ramo y todo el gobierno central en bloque, nos devuelve a una realidad que nos reserva el papel de ilusos, y deja al Parlamento de Canarias y a las fuerzas políticas que en su sede suscribieron aquel informe, profundamente abatidos.
El debate principal en estos meses ha girado en torno a la RIC, La Reserva para Inversiones en Canarias, que es el instrumento central del REF, que compensa nuestra particularidad, nuestra insularidad. El objetivo de la RIC, es autofinanciar nuestras inversiones y la creación de empleo. Su aplicación permite un ahorro sustancial en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas bajo el compromiso que adquiere la empresa de llevar a cabo ciertas inversiones válidas en tiempo y forma, compatibles con inversiones iniciales mediante la creación de un nuevo establecimiento o ampliación de uno existente, la creación de puestos de trabajo derivadas de esas inversiones, la adquisición de elementos patrimoniales que no tengan la consideración estricta de inversión inicial y por último, inversiones en el capital de ciertas entidades y suscripción de deuda pública emitida por entes públicos de Canarias.
El tejido empresarial canario ha manifestado la preocupación que esta situación suscita por cuanto compromete la ansiada recuperación de nuestra economía y su potencial generador de empleo.
Los argumentos del Ministerio de Hacienda, afirmaban que no se podía renunciar a la recaudación de 20 millones, sin embargo, esto no es cierto, ya que no se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estados estas partidas de ingresos, y por el contrario se está permitiendo la pérdida de inversión de más de 115 millones por la no ampliación de plazo de la RIC a 2022. ¿Qué porcentaje pueden significar estas pérdidas de ingresos no presupuestados en las arcas del estado?, se me antoja algo insignificante. Y si a ello oponemos la importancia que tiene para Canarias verse atendida en su reivindicación, me surge otra cuestión en este sentido, ¿les tembló el pulso cuando decidieron asestar este duro golpe a nuestra tierra?
La inseguridad jurídica y la falta de criterios interpretativos nítidos en la aplicación de la RIC, alimentan un clamor cada vez mayor que demanda un marco de reglas de juego claras que permite a todos los implicados, incluida la propia administración que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones, tomar decisiones firmes. Pasa el tiempo y tantas dudas siguen esperando una respuesta que resuelvan temas que no admiten más dilaciones. Temas importantes como la flexibilización de plazos para materializar la RIC ante circunstancias tan excepcionales como las que hemos vivido reclaman urgente atención. Que a estas alturas no tengamos claro si operará una prórroga hasta fin de año o hasta el 19 de marzo por la paralización de la actividad que impuso el estado de alarma, no ayuda a resolver los problemas que están sobre la mesa amenazando nuestros intereses.
Esta situación es inadmisible. Y reitero mi comentario inicial sobre las inconveniencias de afrontar este reto desde trincheras políticas. Canarias y las legítimas aspiraciones de su gente no merecen este desprecio. Toda comparación puede resultar inoportuna, a mi particularmente no me agrada emplear términos comparativos con otros para motivar mi conducta, pero hay situaciones que obligan a hacerlo. Así me surge una última pregunta, ¿con relación a otras autonomías, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias es de segunda categoría?
Corviniano Clavijo
Presidente de Crónica del Atlántico Hoy, S. L.