El caso Mascarillas canario, actualmente en fase de instrucción en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, está sacando los colores no solo a desaprensivos empresarios y comisionistas que vieron en la pandemia un nicho de mercado, sino también a políticos y demás gestores que, vaya a saber usted si con la mejor de las intenciones y con el afán de proteger con cubrebocas a nuestros sanitarios, lo que en realidad favorecieron fue precisamente que algún empresario se lucrase de una manera no solo desproporcionada, sino también ilícita. Es precisamente eso lo que trata de averiguar el estamento judicial.
Sin duda, el caso –gracias a las filtraciones– está siendo retransmitido casi en directo minuto a minuto, auto a auto. Existe una clara batalla sorda que esconde el deseo, de los investigados y señalados por la prensa, de desviar la atención del foco propio y eso se lleva viendo prácticamente desde que el periodista Francisco Fajardo de Canarias7 pusiera la primera piedra y publicara que la fiscalía investigaba un contrato de cuatro kilos por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios.
Ródenas
En aquellos días de mayo, cuando el caso estaba naciendo, fueron muchos los medios de comunicación de las Islas que no quisieron creer que las primeras pesquisas del fiscal, Javier Ródenas, fuesen a llegar a algo punible y prácticamente la fase inicial apenas percutió portadas de los periódicos isleños. Había, según mi opinión, un no querer mirar hacia un turbio negocio gestado en uno de los peores momentos de la pandemia por el Covid 19, cuando los muertos se multiplicaban en las morgues de todo el país.
No queríamos creer que el juego de pillos que veíamos en medios nacionales con comisionistas, mascarillas, empresarios, políticos y gestores también se había escenificado en Canarias, que aquí también había ocurrido. Todo eso sí, sin menoscabo de preservar la presunción de inocencia de todos los investigados. Aunque algo que no es presunto, sino real y el fiscal lo tiene muy en cuenta, es la fuga de cuatro millones de euros que de las arcas públicas salieron a ninguna parte, o mejor dicho, a algún lugar pero que lejos de contribuir a la lucha contra el coronavirus sirvió para alimentar todo tipo de sospechas y especulaciones.
Giros y aristas
Ahora, el caso ya en instrucción, se ha hecho un hueco en casi todos los medios de comunicación –los considerados serios de esta comunidad–. Día a día no dejan de sorprendernos los giros y multitud de aristas que presenta una investigación que debe concluir con una determinación clara: apertura de juicio oral o archivo de la causa.
Si el segundo supuesto es la decisión que acaba adoptando su señoría, no habrá sido en vano el intento de depurar responsabilidades aunque haya pesado más la justificación de la emergencia sanitaria en aquellos días grises de 2020 junto con la necesidad imperiosa que existía por conseguir un material que los chinos habían dejado de dispensar. Cierto es que no sería justo calibrar unos hechos ocurridos en un momento que no es el actual, con otra perspectiva que no sea la de aquel duro momento pandémico. La clave es, desde mi punto de vista, saber hasta qué punto la situación era tan asfixiante y apremiante como para poder entonar sin miedo al error el ya famoso "aquí todo vale".