El consejero de Obras Públicos, Pablo Rodríguez, ha afirmado hoy que todas las obras de carreteras licitadas a partir de 2012 tendrán sobrecostes por la falta de financiación del convenio de carreteras, aunque ha precisado que es "prácticamente imposible" encontrar una obra que finalice con el mismo presupuesto que se inició.
El también vicepresidente del Gobierno ha señalado que los sobrecostes y las modificaciones se dan tanto en la obra pública como en la privada y ha argumentado que en la pública, los costes adicionales de las obras tienen que pasar diferentes controles y ajustarse a la ley de contratos públicos.
Ha explicado que no se considera un sobrecoste una obra complementaria o una modificación porque ello supone una mejora del proyecto inicial y, ante la pregunta del diputado de Podemos sobre la cuantía de los sobrecostes, el consejero ha considerado que el reto no es buscar en Canarias una obra cuyo presupuesto sea igual al final, sino hacerlo en España tanto en obra pública como privada.
[#PARCAN] @PabloRodriguezV, en Comisión Parlamentaria: "Si no se firma el #ConvenioDeCarreteras no podremos iniciar más de 100 obras fundamentales para #Canarias. Tenemos proyectos actualizados y con declaración de impacto ambiental favorable en toda Canarias listos para licitar"
— Vicepres., Obras Públicas y Transportes GobCan (@VicepresiCan) 23 de octubre de 2018
Rodríguez ha insistido en que un modificado de una obra tiene que incluirse en los supuestos tasados en la ley y ha recordado que la actual ley de contratos públicos, vigente desde el pasado mes de marzo, permite un sobrecoste del 20 por ciento, porcentaje que de forma excepcional puede llegar al 50 por ciento.
En coincidencia con los portavoces del PP Miguel Jorge y del grupo Nacionalista, Guadalupe González Taño, el consejero ha dicho que todo lo relacionado con las adjudicaciones, licitaciones y abonos de las obras tienen carácter técnico y está sometido a un control estricto por la administraciones.
Respecto al sobrecoste por las obras licitadas a partir de 2012, Rodríguez ha indicado que muchas empresas han presentado reclamaciones que el Gobierno prefiere, después de estudiar cada caso, atender por una vía extrajudicial.
[#PARCAN] @PabloRodriguezV, en Comisión Parlamentaria: "La diferencia entre lo que debía recibir #Canarias en virtud del #ConvenioDeCarreteras y lo realmente transferido por el Estado hasta el 2017 es de más de 760 millones de euros". pic.twitter.com/z5iHYzxHBP
— Vicepres., Obras Públicas y Transportes GobCan (@VicepresiCan) 23 de octubre de 2018
Sobre la obra de la carretera del norte de La Palma, cuyo expediente ha sido llevado a la Fiscalía por Podemos, Rodríguez ha indicado que se realizaron dos modificados que han supuesto un sobrecoste de 67,48 por ciento del presupuesto inicial.
El diputado de Podemos Manuel Marrero ha elevado el sobrecoste de esta obra al 96,35 por ciento y ha recordado que lleva un retraso de once años y ha multiplicado por cuatro su presupuesto inicial, lo que, ha dicho, "no es moral".
Marrero ha advertido al consejero que lo demandará por obstrucción parlamentaria y ocultación de información si su departamento no le facilita la información sobre los sobrecostes de las obras de carretera en Canarias.
A pesar de que el Gobierno de España aún no nos ha transferido ni un sólo euro de los 47,5 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para políticas de movilidad, el #GobCan ha adelantado el 25% de esa cantidad de fondos propios para el #BonoResidenteCanario https://t.co/fh8HuK9Gcv
— Pablo Rodríguez (@PabloRodriguezV) 23 de octubre de 2018
Esther González, de Nueva Canarias, ha afirmado que no todos los sobrecostes se deben a imprevistos y ha puntualizado que el problema es que muchas cosas están mal hechas "y no se piden responsabilidades".
La diputada del grupo Socialista Patricia Hernández puso como ejemplo la carretera Ofra-El Chorrillo, en Tenerife, en cuyo expediente los técnicos aseguran que había certificado obra que no estaba en el proyecto y ha señalado que la preocupación por los sobrecostes es generalizada y no se pueden aceptar los sobrecostes de forma general.