El expediente administrativo relacionado con la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de agua en las islas de Lanzarote y La Graciosa ha sido remitido a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según ha anunciado una resolución de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Este proceso judicial tiene su origen en el recurso presentado por la empresa Canal Gestión Lanzarote, concesionaria del servicio de aguas en la isla, que solicitó una modificación de tarifas para el suministro de agua en las mencionadas islas. La solicitud fue rechazada el pasado 22 de marzo de 2024 mediante una resolución de la Viceconsejería, lo que llevó a la empresa a interponer un recurso potestativo de reposición, que también fue desestimado el 14 de junio del mismo año.
Disputa sobre las tarifas
Canal Gestión Lanzarote, busca una revisión de las tarifas y reclama más de 20 millones de euros al Consorcio del Agua por no permitirle subir las tarifas en todos estos años, seún publicaba este verano Lancelot Digital, lo que ha generado un conflicto legal con la administración autonómica. La empresa considera necesario ajustar las tarifas del servicio, mientras que las autoridades han rechazado en dos ocasiones la propuesta, argumentando que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos.
Tras la última negativa por parte de la Viceconsejería, la empresa presentó recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, que ahora examinará el expediente para determinar si procede o no la modificación de tarifas solicitada.
A principios de mayo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, anunciaba que el precio del agua no subiría, comenzando un conflicto que radica en la revisión de tarifas acordada en 2013 pero nunca implementada. Su decisión se fundamentaba en un informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de Precios de Canarias, elaborado en marzo de este año y aprobado por unanimidad.
La Comisión de Precios, órgano integrado en la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, es responsable de aprobar las actualizaciones tarifarias de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua y el taxi. Canal Gestión propuso un incremento, que el Consorcio Insular del Agua trasladó a esta Comisión, pero esta lo rechazó, apoyando la postura del Consorcio y del Cabildo de no aplicar la subida.
Origen del conflicto
El punto de partida de esta controversia se remonta al contrato firmado en 2013 entre Canal Gestión Lanzarote y el Consorcio del Agua, en el que se establecía que los precios del servicio serían revisados en el cuarto año de concesión, es decir, en 2016. La fórmula prevista para la actualización de las tarifas era sencilla: siguiendo el Índice de Precios al Consumo (IPC) más un 1%. Sin embargo, esta cláusula nunca se ha aplicado.
El Consorcio del Agua, bajo la presidencia de Coalición Canaria (CC), debía haber iniciado el proceso de actualización de tarifas en 2017, pero lo pospuso. Desde entonces no ha habido ningún incremento en las tarifas del agua, lo que ha generado tensiones con Canal Gestión, que considera que no se ha cumplido lo pactado.
Ante la falta de acción del Consorcio, Canal Gestión llevó el asunto a los tribunales. La disputa legal se centraba en las subidas que debían aplicarse entre los años 2017, 2018 y 2019. Finalmente, en 2021, el tribunal falló a favor de Canal Gestión, confirmando que la actualización de precios debía hacerse en función de las tarifas, no de los costes de producción, como proponía el Consorcio.
Someterse a la comisión
En enero de 2024, el Tribunal Supremo inadmitió un recurso de casación presentado por el Consorcio, haciendo firme la sentencia que, si bien respaldaba la postura de Canal Gestión en cuanto al método de cálculo, también validaba la acción administrativa del Consorcio de remitir la propuesta a la Comisión de Precios .
Pese a la sentencia favorable, no se han actualizado las tarifas de agua. A ese respecto, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, en declaraciones recogidas por Diario de Lanzarote, señalaba que“lo que hicimos en la asamblea es ejecutar la sentencia, que dice que se han de seguir los pasos que fija el contrato, que es someter los precios a la Comisión de Precios de Canarias”.
Ahora la palabra la tiene el TSJC.