Lanzarote y La Graciosa enfrentan una grave crisis hídrica, y este lunes la Asamblea Extraordinaria del Consorcio Insular del Agua ha aprobado, por mayoría, la solicitud de declaración de emergencia hídrica ante el Consejo Insular de Aguas.
Esta decisión, respaldada por el Cabildo y varios ayuntamientos de la isla, busca activar medidas urgentes para aumentar la producción de agua desalada, reducir pérdidas en las redes de distribución y fomentar el ahorro tanto en las administraciones públicas como entre la ciudadanía.
Situación crítica
El presidente del Cabildo y del Consorcio Insular del Agua, Oswaldo Betancort, destacó la "situación crítica" que enfrentan los residentes de ambas islas y llamó a la clase política a tomar "acciones inmediatas" para garantizar el suministro de agua potable.
La declaración de emergencia, amparada en el artículo 107 de la Ley de Aguas de Canarias, permitirá agilizar los procesos administrativos y acceder a la financiación necesaria para implementar las medidas de urgencia.
Medidas propuestas
El Consorcio del Agua ha diseñado un plan para incrementar la capacidad de producción en las plantas desaladoras, especialmente en la Central Díaz Rijo, donde se prevé la rehabilitación de equipos con una capacidad de hasta 16.000 m³/día.
Además, se impulsarán licitaciones rápidas para alquilar plantas desaladoras portátiles y mejorar las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) con el objetivo de garantizar el riego agrícola y reducir la dependencia de agua desalada para cultivos.
Control de fugas
En cuanto a las redes de distribución, se planea implementar un sistema de sectorización y control de fugas, con el objetivo de reducir a la mitad el tiempo de respuesta en las licitaciones para la reparación de tuberías.
Según los datos, más del 67% de la red de abastecimiento en Lanzarote tiene una antigüedad superior a los 40 años, y las pérdidas alcanzan un alarmante 54%, un nivel insostenible en el contexto de emergencia actual.
Fomento del ahorro
El plan también incluye la implementación de restricciones en el consumo de agua en espacios públicos, como duchas de playas, fuentes ornamentales y sistemas de riego en parques y jardines.
Además, se fomentará el uso de economizadores de flujo en edificios públicos y la reducción de la capacidad en las cisternas, todo ello orientado a minimizar el consumo de agua y promover una cultura de ahorro hídrico.
Cultura del agua
Asimismo, el Consorcio propone incentivar la recuperación de sistemas de almacenamiento tradicionales, como aljibes y alcogidas, para que las viviendas y edificios privados puedan capturar y conservar agua de forma eficiente.
Esta medida, que busca revivir la "cultura del agua", será facilitada por la reducción de los trámites administrativos gracias a la declaración de emergencia.
Infraestructura obsoleta
El informe técnico-jurídico del Consorcio subraya la falta de renovación de las infraestructuras de agua en las islas, como un factor clave en la actual crisis.
Actualmente, solo el 47% de los depósitos de almacenamiento están en funcionamiento, y las plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas con más de 20 años de antigüedad, operan en condiciones obsoletas que limitan la disponibilidad de agua para riego agrícola.
El vicepresidente del Consorcio, Domingo Cejas, lamentó la falta de asistencia de algunos alcaldes en la reunión, ya que su participación podría haber permitido una coordinación más eficaz en la aplicación de las restricciones y medidas de ahorro.
Desabastecimiento inminente
La situación se agrava con la llegada de nuevos turistas, la política de soberanía alimentaria que incrementa la demanda agrícola y el efecto de la sequía estructural, con una reducción de las precipitaciones y episodios de calor extremo.
De hecho, el índice de Aguas No Registradas (ANR) en la isla es uno de los más altos del archipiélago, lo que evidencia la urgencia de tomar medidas para evitar el desabastecimiento y asegurar el suministro a largo plazo.
Con esta declaración de emergencia en marcha, el Consorcio Insular del Agua espera no solo fortalecer el sistema actual, sino también implementar un cambio sostenible en el consumo y gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa, garantizando así un abastecimiento seguro en el futuro.