El concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Adolfo Cordobés, mantuvo este miércoles una reunión con representantes de tres asociaciones de vecinos: la de Guamasa, la Cruz Chica y la de El Ortigal, quienes habían manifestado su preocupación por la reciente instalación de una antena de telefonía móvil en la Cruz Chica.
Según comunicó el secretario de la asociación vecinal de Guamasa, Alejandro Arrate, Cordobés les trasmitió que el Ayuntamiento La Laguna “tiene las manos atadas” respecto a las instalaciones de antenas de radio y telecomunicaciones, porque la orden es Ministerial. “Que lo único que pueden hacer es estar vigilante para que todos los requisitos de la instalación sean favorables”, añadió.
En este sentido, relata que “ni el lugar lo eligen ellos y que al ayuntamiento le viene una comunicación previa y es la operadora quién ejecuta la obra”.
Actualización de Cordobés
Así, Cordobés se ha interesado personalmente por la situación y ha explicado a los representantes vecinales la situación del expediente, que se está analizando técnica y legalmente desde que la empresa instaladora presentó la comunicación previa, acorde a lo establecido en la legislación vigente.
En este contexto, les informó de que personal técnico de la Gerencia de Urbanismo ha solicitado a la empresa instaladora que subsane una serie de deficiencias, dentro del trámite de audiencia habitual. Asimismo, conforme a lo establecido en la normativa, se ha dado trámite de audiencia al Ministerio competente.
A la espera de respuesta
No se ha recibido respuesta, hasta la fecha, en esta fase administrativa previa, de necesario cumplimiento antes de proceder a cualquier otra medida o actuación municipal que, no obstante, ya se está estudiando. En la reunión, se acordó mantener plenamente informados a los vecinos de la evolución de este expediente.
Cabe recordar que la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones establece estas instalaciones, ya desde su artículo 2.1, como un servicio de interés general, así como que la “normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística” no podrán “imponer soluciones tecnológicas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas”.
En este sentido, cualquier condición deberá estar “plenamente justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial, e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones”, tal y como establece el marco estatal.