El Ayuntamiento de La Laguna ha tomado la decisión de desmantelar la antena de telefonía móvil que una empresa había instalado en la zona de Cruz Chica, preocupando a los vecinos por las posibles consecuencias.
Ya a principios del mes de mayo, el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Adolfo Cordobés, se había reunido con asociaciones vecinales de Cruz Chica, Guamasa y El Ortigal tras la instalación de la misma, explicándoles que el ayuntamiento tenía las manos atadas respecto a las instalaciones de antenas de radio y telecomunicaciones, porque la orden es Ministerial y que lo único que podían hacer es estar vigilante para que todos los requisitos de la instalación sean favorables.
Restablecimiento de la legalidad
Pues bien, apenas un mes y medio después, el propio edil informó el pasado viernes, día 28 de junio, a los representantes de las mismas asociaciones de vecino, conforme a lo acordado entre las partes en la reunión celebrada ese 8 de mayo, de la orden para recuperar el restablecimiento de la legalidad (retirada de las instalaciones).
Asimismo, según fuentes del Consistorio consultadas por Atlántico Hoy, la notificación de la orden a la empresa fue dada el 26 de junio, junto a la apertura del preceptivo trámite de audiencia para que esta pueda presentar alegaciones o documentación complementaria, plazo que finaliza la próxima semana.
Proceso
El proceso de vigilancia partió desde que la empresa instaladora presentó la comunicación previa, acorde a lo establecido en la legislación vigente, en la que al ser una orden ministerial el ayuntamiento no elige ni el lugar, sino que le viene una comunicación previa y es la operadora quién ejecuta la obra.
Posteriormente, llega esa primera reunión con los vecinos y se da un paso adelante el día 31 de mayo cuando, conforme a las actuaciones practicadas previamente, el Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo notifica a la empresa promotora la Resolución de ineficacia de la comunicación previa que esta había presentado.
Seguidamente, según fuentes municipales, el procedimiento continuó con el envío de diligencia al Servicio de Disciplina Urbanística del organismo autónomo, para que acordase las medidas que considerara pertinentes, que finalmente ha sido el mencionado restablecimiento de la legalidad.
Qué dice la ley
La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones establece estas instalaciones, ya desde su artículo 2.1, como un servicio de interés general, así como que la “normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística” no podrán “imponer soluciones tecnológicas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas”.
En este sentido, cualquier condición deberá estar “plenamente justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial, e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones”, tal y como establece el marco estatal.