Sin haber acabado aun las obras de reposición de viviendas afectadas por aluminosis en Las Chumberas, sus propietarios ya temen en perder sus casas. No por problemas en los trabajos, que avanzan en la primera de las cuatro fases tras doce años de parálisis burocrática, sino por la amenaza de no poder recuperar su titularidad si la Ley de Vivienda sale finalmente adelante.
Este lunes, Coalición Canaria presentó a los medios una lista de enmiendas a la norma propuesta para que encajase en la situación de la vivienda en Canarias. Como adelantó Atlántico Hoy, los nacionalistas consideran que la ley que quieren implantar PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional es inconstitucional por ser contraria al Estatuto de Canarias. Además, denuncian que sería una norma desleal hacia quienes llevan años esperando a poder adquirir sus viviendas de protección oficial en propiedad, habiendo estado en régimen de alquiler social previamente. Según destacan los nacionalistas, la nueva ley prohibiría obtener la casa en propiedad por tratarse de suelo público.
Juan José Martínez, concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, y Jonathan Domínguez, concejal en la oposición de La Laguna, comparecieron el lunes junto a Ana Oramas, diputada nacional de CC, para explicar que en el área metropolitana de Tenerife hay 3.500 viviendas en régimen de alquiler social con opción de compra que, si esta ley saliese adelante, perderían esta última condición.
No se podría acceder en propiedad
Jonathan Domínguez afirmó que “los cambios en el proyecto de Ley de Vivienda generan un grave problema para miles de familias de promociones en el municipio”. “Concretamente”, prosiguió Domínguez, “de La Verdellada, Las Mantecas, Valle Colino, Valle Vinagre, Bajamar, Geneto y San Matías; y a los que debemos sumar las viviendas del III Plan Canario de Vivienda. Estamos hablando en total en el municipio de más de 2.000 familias que están en régimen de alquiler y que tenían regulado por la Ley de Canarias su acceso en propiedad. Llevan años pagando su alquiler y descontando el precio de la vivienda y ahora ven peligrar esto".
El concejal lagunero señaló que este proyecto, además, también "va a afectar, incluso, a las 197 familias de la primera fase de Las Chumberas, un caso sangrante ya que las nuevas viviendas que se están construyendo en esta zona no podrán pasar a manos de sus legítimos propietarios con esta nueva ley”.
Expropiadas por aluminosis
Según explica el concejal a Atlántico Hoy, esas 197 viviendas en construcción corresponden a la Fase I del plan de reposición de viviendas afectadas por aluminosis en Las Chumberas. Ricardo González, ex portavoz de la Comisión de Seguimiento de Aluminosis y afectado por el problema, explica a este medio que se trata de problemas con los materiales de construcción que provocan derrumbes en los edificios afectados. "Con la industrialización, comenzaron a llegar a las grandes ciudades [en España] obreros que necesitaban viviendas. Para construir más rápido, se echaba un acelerante al cemento de los bloques que permitía que fraguase más rápido, pero creaba burbujas de aire dentro que aceleraban la oxidación de los materiales de las vigas", explica.
Las Chumberas fue una de las zonas afectadas en Tenerife, donde llegó a caerse una bañera al piso de abajo en uno de los bloques de edificios. Ante este problema, y dado que las casas habían sido de protección oficial en su momento, los vecinos comenzaron a realizar contactos con las administraciones para solucionar el problema. La solución fue un convenio interadministrativo entre el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda para expropiar esos terrenos, derrumbar todos los bloques y reponer las viviendas en su totalidad.
Más de una década en espera
"Buscar un convenio con todos fue muy costoso", explica González para dar una razón de la dilatación en el tiempo del proceso, que lleva más de 12 años en activo y aun va por la primera de las cuatro fases de reposición. Durante más de una década, los afectados como Ricardo han vivido a cargo del programa con una subvención para el alquiler privado pero, según indica el ex portavoz, ha pasado tanto tiempo que ya no todo el mundo vive en Tenerife.
"Hay gente que se ha ido a Madrid, a El Hierro... El problema [con la dilación en el tiempo] fue que, con la vida ya hecha en otro sitio, a esa gente no se le podía obligar a vivir en Las Chumberas al acabar las obras pero tampoco a que perdiesen su vivienda social. La solución en Canarias fue permitir que hubiese gente que tuviese la propiedad de estas casas al acabar la construcción aunque no viviesen ahí a cambio de cederlas para alquiler social", explica González.
Prohibido convertir suelo público en privado
No obstante, según señalan Jonathan Domínguez y reafirmaron el resto de ponentes de Coalición Canaria en la rueda de prensa de este lunes, "con la nueva ley, estas personas no podrán acceder a la propiedad de las viviendas porque queda prohibido convertir en privado suelo público".
"Yo creo que los vecinos al menos deberían recibir información sobre lo que está pasando", señala Ricardo González a Atlántico Hoy, añadiendo que el ayuntamiento, al ser parte del convenio, debería explicar a los vecinos lo que supondrá esta ley.
Coalición Canaria confía en que el Gobierno de Canarias apoye su iniciativa y no descarta convencer al Ejecutivo de Torres o a otros grupos del Congreso para llevar la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional. "Pretendemos aclarar la competencia de Canarias para establecer el régimen jurídico aplicable ante situaciones como la reposición de las viviendas de Las Chumberas”, zanjan los nacionalistas