Demoledor informe de la Audiencia de Cuentas para San Cristobal de La Laguna. El presidente del organismo, Pedro Pacheco, presentó este lunes en el Parlamento tres informes de fiscalización referidos a los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y los ayuntamientos de los grandes municipios de Canarias: Las Palmas, Santa Cruz, Telde y La Laguna. De este último, se desprende que el municipio lagunero fue en 2018, entonces gobernado por José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, el que más abusó de la contratación menor sin justificar, con grandes diferencias respecto a los otros tres.
Así, el informe detalla incumplimientos en unos u otros ayuntamientos de distintas cuestiones, entre ellas que no se publicase la información sobre contratación exigida legalmente. El documento expuesto por Pacheco determina que los contratos menores en estos consistorios fueron en 2018 el 94% del número total de contratos, siendo La Laguna el caso más sangrante con un 99%.
Contratos no justificados ni idóneos
No obstante, las cuantías totales contratadas representan un 15% del dinero adjudicado de media entre los cuatro consistorios analizados. Así mismo, en la mayoría de esos contratos menores no se justifica su necesidad. De nuevo, las cifras de La Laguna vuelven a dispararse con un porcentaje que sube al 93%, según este informe, realizado a partir de muestreos de contratos. Tampoco se justifica con precisión la idoneidad del objeto del contrato o no consta en un 93% del total de contratos de la muestra de La Laguna.
De este modo, el porcentaje de contratos menores injustificados o carentes de un informe de idoneidad asciende al 92% del total de contratos de La Laguna. Los datos recogidos por la Audiencia de Cuentas han llevado a Pedro Pacheco a concluir en su informe que "la información proporcionada por los ayuntamientos incluidos en el alcance subjetivo de la fiscalización sobre los contratos menores adjudicados ha sido escasamente fiable e íntegra", añadiendo un párrafo de explicación de las cifras de La Laguna que apunta: "Lo que se ve agravado en el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el hecho de que el Perfil de Contratante no esté alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ya que el artículo 347 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de alojar en ésta los perfiles de contratación de los órganos de contratación de todas las Entidades del sector público".
Gestión "ineficaz e ineficiente" de recursos públicos
Así, Pacheco expresó en sede parlamentaria que "los ayuntamientos no se han adaptado al cambio de legalidad". "Esta circunstancia constituye no solo un incumplimiento legal, sino también un problema de gestión contractual ya que, sin la justificación de la razón que da origen al contrato, no se puede saber si existe o no una necesidad", detalla su informe.
Es decir, que los ayuntamientos no informaron de los cálculos para la determinación del valor estimado del contrato, ni hubo "una mínima verificación" de si se adecuaban a los precios de mercado. Algo que supone un incumplimiento legal que refleja "una gestión ineficaz e ineficiente de los recursos públicos", según Pacheco.
El Cabildo de Tenerife también presenta anomalías
La Audiencia de Cuentas no solo encuentra deficiencias en estos cuatro ayuntamientos, sino que también las ha encontrado en el Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria para el ejercicio económico de 2019. Así, el Cabildo de Tenerife presentó 195 expedientes de acuerdos de gastos contrarios al criterio del órgano interventor, por importe de 158 millones de euros; y 47 de anomalías en la gestión de ingresos, por importe de 1,3 millones de euros.
Además, Pacheco destaca que en ambos cabildos se realizaron tareas de presupuestación fuera de plazo, además de múltiples incidencias en la entrega de documentación complementaria, coincidencia de gastos en balances o realización de informes de auditoría en el caso de Tenerife.
Al igual que con los ayuntamientos, la Audiencia de Cuentas también refleja anomalías en la gestión de los contratos menores. En este sentido, Pacheco subrayó el lunes en su exposición de los informes la importancia de que las corporaciones se adapten a los principios de concurrencia, publicidad y planificación y recordó la obligatoriedad de que los contratos superiores a 5.000 euros incluyan tres ofertas o, en caso contrario que, se justifique por qué no se hace. así.