El sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) y el comité de empresa del IASS han presentado este viernes un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife por el archivo de la querella criminal que juntos presentaron como acusación particular contra María Ana Franquet Navarro, presidenta del IASS; Francisco Cipriano Lázaro Torres, representante de CLECE S.A.; Yazmina León Martínez, gerente de dicho organismo; y Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, por una supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el traslado del Hospital Febles Campos al edificio de CLECE en el Seminario Diocesano de La Laguna.
Según los denunciantes, como ya adelantó Atlántico Hoy, el Cabildo de Tenerife habría pagado supuestamente a la empresa CLECE un 300% más por el subarrendamiento del Seminario Diocesano al que se pretendía trasladar a los usuarios del Hospital Febles Campos en su remodelación. “En concreto, CLECE lo alquila por 70.000 euros al año y se lo ofrece al IASS por casi 300.000 euros sin hacer nada”, denunció entonces el presidente del comité de empresas del IASS y abogado demandante, José Luis Gutiérrez.
La jueza no aprecia delitos
Los apelantes solicitan ahora que "se continúe con la instrucción, a la vista de los indicios ya constatados al efecto del total esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". El pasado 1 de junio, la jueza instructora sobreseyó la causa contra los mencionados acusados al entender que no existían indicios delictivos de ninguno de los delitos que la acusación le imputaba a los querellados. La magistrada sí reconoció que se apreciaban irregularidades en el expediente, pero recriminó a los representantes de los trabajadores del IASS que trasladasen ahora a la vía penal una forma de contratar que ya llevaron a la práctica anteriores gobiernos.
Para la magistrada, no hay prevaricación porque "no consta resolución administrativa de adjudicación del citado contrato" de subarrendamiento. El procedimiento se encuentra en su fase inicial y, como recuerda el auto, en el momento de la querella sólo se había dictado el inicio del expediente. Este es un paso necesario para que se pueda cometer la prevaricación y, al no existir la adjudicación, no existe el delito.
Respecto a las acusaciones de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, la jueza determinó que "tampoco concurren indicios sólidos y suficientes para sostener" estos delitos al quedar "acreditado" que CLECE "no es una empresa de nueva creación ni que haya sido diseñada para lograr la adjudicación de este contrato".
La presidenta del IASS difundió su versión
ATC ha difundido entre los trabajadores del IASS el recurso presentado, explicando lo siguiente: "Teniendo en cuenta la utilización inadecuada del boletín informativo del IASS por la Presidenta del IASS para dar su particular versión sobre el Auto Judicial que ha declarado el sobreseimiento provisional de la querella sobre el traslado del Febles Campos al edificio de CLECE al seminario de la laguna, se da traslado del recurso de apelación presentado para pleno conocimiento de los trabajadores".
Según explica un empleado a Atlántico Hoy, María Ana Franquet Navarro habría dado "una versión subjetiva en un medio oficial del Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria IASS" al respecto del caso.