El Gobierno canario se plantea contar con un departamento de drones

Defiende su uso para medio ambiente, incendios forestales, emergencias, agricultura o inspección pesquera, entre otras utilidades

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El Gobierno de Canarias tiene la idea de conformar en el futuro un departamento de drones, una vez que se aclare la regulación de esta actividad con la aprobación por las Cortes de una nueva legislación que sustituya a la de 2014, ha anunciado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero.

Los drones, pequeños vehículos aéreos tripulados remotamente provistos de cámara, tienen múltiples aplicaciones en materias como medio ambiente, incendios forestales, emergencias, agricultura o inspección pesquera y por eso el ejecutivo tiene la idea de contar más adelante con un departamento centralizado, con sus propios operarios, para cubrir estas necesidades y otras que puedan surgir.

Por el momento, según explicó en un comparecencia en comisión parlamentaria Narvay Quintero, su departamento cuenta con dos drones, modelos básicos adquiridos para realizar una experiencia piloto en inspección pesquera que ha sido muy positiva.

Los aparatos son operados por personal especializado de una empresa privada a la que se ha adjudicado el concurso, si bien un inspector pesquero de la Consejería es el que realiza el seguimiento de las imágenes y el que procede a sancionar si se detectan pescadores furtivos.

Más que por su capacidad sancionadora de la pesca furtiva en lugares difícilmente accesibles, que también, los drones funcionan sobre todo como un elemento disuasorio muy potente, ha asegurado el consejero.


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La Consejería va a firmar próximamente un convenio con el Ministerio del Interior para la inspección de la actividad pesquera no sólo en las aguas interiores y el marisqueo sino también en el mar hasta dos millas de la costa, que es el alcance de los drones del departamento, explicó Quintero.

El consejero indicó que el manejo de los drones está externalizado por las dificultades regulatorias para que la administración autonómica pueda asumir las operaciones, dado que entre otras cosas se necesita permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Una vez superada la experiencia piloto, que ha consistido en ocho vuelos, la Consejería ya planifica los vuelos de inspección que se desarrollarán durante este año y el siguiente por las diferentes islas. De hecho, además de los seis vuelos de prueba ya se han hecho dos durante esta fase de pruebas en los que se han incoado dos expedientes sancionadores.

Los vuelos siempre se realizan en presencia de un inspector de pesca y las imágenes grabadas, que normalmente identifican a las embarcaciones desde las que se practica el furtivismo por su matrícula, pueden utilizarse como prueba, son propiedad de la Consejería. También se utilizan los drones para inspeccionar las instalaciones de acuicultura.

La diputada de Podemos Concepción Monzón pidió al consejero que se deje de externalizar el servicio y sea el Gobierno el que lo asuma, ante lo que Quintero reconoció que sería más efectivo contar con un servicio propio centralizado para todas las posibles aplicaciones. Esa posibilidad se estudiará una vez que el Congreso de los Diputados acuerde la nueva normativa.


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