Los distintos comités de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de Gran Canaria se han unido a las familias que denunciaron la semana pasada la atención a los usuarios, y han exigido mejoras en los centros, dependientes del Cabildo pero con una concesión a empresa externa, y revisar los pliegos de contratación.
Los comités reivindicaron la tarde del lunes ante el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo insular que les brinde un mayor apoyo asistencial y que desarrolle una "revisión exhaustiva" de los pliegos de contratación del servicio de atención a las personas con discapacidad intelectual, mostrando también su respaldo a los familiares de los distintos centros que exigieron medidas para mejorar la calidad de vida de los usuarios y garantizar sus derechos, recoge un comunicado de la parte laboral.
Deterioro
El personal ha denunciado que, desde hace años, estos centros vienen sufriendo "un deterioro progresivo" que no solo les ha afectado a ellos, sino también al conjunto de usuarios, asegurando que las condiciones "han retrocedido de manera alarmante, equiparándose a las deficiencias que se observaban en los años 80".
"Las instalaciones interiores están en estado de abandono, los baños de los centros están en condiciones deplorables, la lencería y la ropa de cama están en mal estado, y la alimentación deja mucho que desear", han detallado los representantes de los comités.
Falta de respuesta
Y ante estas situaciones, han lamentado la falta de respuesta y la ausencia de soluciones por parte de la administración insular, lo que ha generado "una creciente sensación de abandono e impotencia entre los trabajadores y familiares de los residentes".
De cómo se encuentran los CADI en estos momentos han culpado tanto al propio Cabildo como a las empresas que los han gestionado a lo largo de los años, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar que todo se agravara.
Estándares de calidad
Por ello, los comités han instado a que se revisen los pliegos de contratación "para garantizar que las empresas gestoras cumplan con estándares de calidad adecuados".
Pero también han abogado por aumentar el apoyo asistencial por parte del IAS, dotando a los centros de recursos materiales y humanos suficientes, que se reparen las instalaciones asegurando unas condiciones dignas para los residentes, y mejorar también la alimentación y la provisión de materiales esenciales.
Denuncias y escritos
Finalmente, han pedido a la administración insular y a las empresas gestoras que atiendan las denuncias y escritos presentados por los comités y los familiares, así como reforzar el personal mediante la contratación de más profesionales y la cobertura inmediata de aquellos que están de baja.
Con esta movilización, la comunidad de los CADI "envía un mensaje contundente a las autoridades" y les instan a actuar.
En contacto permanente
Ante las críticas de las familias, Grupo 5 -entidad gestora en estos momentos de los cuatro centros que hay en la isla- aseguró en un comunicado la semana pasada que están en "contacto permanente" con las autoridades insulares y que la situación que se encontraron al comenzar la concesión en octubre de 2022 era ya "desventajosa".
Grupo 5 indicó que heredaron la falta de mantenimiento de las infraestructuras, y que la maquinaria está obsoleta y requiere reparaciones continuas y mantenimiento correctivo constante "que no estaba contemplado cuando fue licitado el servicio".