San Bartolomé de Tirajana, el municipio con más extensión de Gran Canaria y con una actividad turística conocida por todos, ha sacado adelante un concurso público con el objetivo de adquirir e instalar ocho nuevas torretas sobre las que los socorristas seguirán vigilando a los bañistas. La licitación, valorada en un máximo de 201.166 euros, no es ningún capricho si se tiene en cuenta el informe justificativo firmado por el comisario jefe de la Policía Local, Isidro Armas: el documento revela que las instalaciones están obsoletas y que su mal estado pone en peligro la integridad de los trabajadores.
El texto, que cuenta también con la rúbrica de José Carlos Álamo, concejal de Seguridad y Emergencias, es muy tajante. La franqueza llega hasta el punto de admitir que las torretas de salvamento en las playas tienen que ser sustituidas para seguir renovando las antiguas que se instalaron hace más de 20 años. “Suponen un peligro para los socorristas que desempeñan a diario sus labores profesionales y, en algunos de los casos, el incumplimiento de medidas de Prevención de Riesgos Laborales”.
Los desperfectos
El panorama, desde luego, no deja lugar a dudas sobre la necesidad de ponerse manos a la obra. Merece la pena resaltar que el anuncio de licitación se publicó el pasado 30 de octubre en la Plataforma de Contratación del Estado, pero todavía ninguna empresa se ha llevado el gato al agua. El último registro que existe al respecto es del 14 de noviembre, cuando se abrió el primer archivo del procedimiento.
La situación parece urgente porque entre los desperfectos detectados hay vigas y estructuras en avanzado estado de corrosión, desprendimiento de puntos de soldadura, grietas en el interior o incluso obstrucción con frecuencia de los desagües. Se trata de unos daños producidos después de dos décadas en funcionamiento unidas a la gran proximidad que tiene con el mar y el efecto que produce la salitre en las estructuras.
¿En qué playas?
El Ayuntamiento sureño, dirigido por el alcalde Marco Aurelio Pérez (PP), no especifica en qué playas se llevará a cabo la actuación, pero a nadie se le escapa cuáles son las principales del municipio. Maspalomas, Playa del Inglés, Meloneras o San Agustín son algunas de las principales zonas de costa que se pueden disfrutar en la localidad.
La gran afluencia de personas que se congregan en ellas para darse un baño y así huir del calor —casi eterno— que se vive por esos lares hace muy importante que los socorristas tengan que trabajar en unas condiciones óptimas. Sin ir más lejos, la demanda de alojamiento en Maspalomas es muy alta y solo el año pasado pernoctaron allí 2.712.904 de visitantes.
El Cabildo
Las ocho torretas elevadas que se busca adquirir e instalar —cuatro grandes y cuatro pequeñas— se financiarán con el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria —con una tramitación anticipada del gasto—. Las de mayor tamaño juntas tienen un coste de 125.728,85 euros, mientras que las demás suman 75.437,14 euros. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses a contar desde la formalización del contrato.
Entre las características que deben albergar las torretas están, por ejemplo, una plataforma y un habitáculo en la zona superior que sirva para albergar equipos de radio-transmisión y cobijar al personal de salvamento frente a las inclemencias del tiempo. “Contará con un pasillo perimetral alrededor de la caseta protegido por una barandilla, para garantizar la seguridad”, subraya el pliego de prescripciones técnicas.
Requisitos
Además, las torres de vigilancia a suministrar “estarán en uso todo el año”, por lo que el material a utilizar para las nuevas torres deberá ser altamente resistente, laminado de poliéster con fibra de vidrio con refuerzos metálicos puntuales. El documento añade que “deberán ser adaptables a todas las playas, con un impacto visual reducido”, así como tener en cuenta la variabilidad de las playas y su entorno en verano y en invierno debido a la climatología.
El texto pone sobre la mesa que los responsables municipales del suministro podrán exigir los certificados de calidad correspondientes, así como las certificaciones de acuerdo a normas, ensayos, y pruebas de laboratorios de los elementos a suministrar, rechazando, retirando o reemplazando los productos, componentes o dispositivos que, a su parecer o motivadamente perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la instalación.