Las concejalías de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dirigidas respectivamente por Esther Delgado Sánchez y Dimas Sarmiento Navarro han conocido este viernes los datos más significativos del estudio sobre la situación socioafectiva de la población infantil y juvenil del municipio en el ámbito socioeducativo.
El estudio ha sido formalizado por el equipo de Inspección Educativa del Sur grancanario y fue solicitado por las propias concejalías de Servicios Sociales y Educación de San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de articular un Plan de Actuaciones para la Protección del Bienestar Socioeducativo de la Infancia y la Juventud en los centros escolares y educativos de este municipio, en cumplimiento de la Ley 08/2021 de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia y, al mismo tiempo, desarrollar un proyecto desde el área de Servicio Sociales para el seguimiento mucho más riguroso y efectivo sobre la situación socioafectiva de ese sector poblacional en el ámbito familiar en horarios de tarde.
El estudio
Por eso, al acto del volcado de datos de este estudio realizado por los tres inspectores de la zona Sur en el Centro Cultural Maspalomas fueron convocadas todas las direcciones de los colegios, CEOs e institutos del municipio, las trabajadoras sociales y personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales y de la Concejalía de Educación, y los responsables del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) Gran Canaria Sur.
El estudio se ha encaminado a conocer la cantidad de alumnado que podría precisar de apoyo socioafectivo fuera del horario escolar y su familia no se lo puede aportar por carencia cultural o por ausencia presencial y, en esos casos, también el grado de efectividad de la intervención coordinada de los servicios sociales y otras instituciones de protección del bienestar del alumnado con los centros educativos y las propias familias.
Indicadores de vulnerabilidad
Para medir los síntomas de vulnerabilidad del alumnado se han tomado como referencia unos indicadores del ámbito socioeducativo que condicionarían la protección de los menores, como la falta de aseo y de limpieza en la vestimenta, las conductas inestables con respuestas irritadas, la desmotivación hacia los estudios, los retrasos e impuntualidad bastante frecuentes al comienzo de las clases, los cambios bruscos en el rendimiento escolar, las reiteradas discusiones con sus compañeros, o la manifestación de síntomas de tristeza y baja autoestima, entre otros.
Asimismo se tomaron como indicadores académicos que repercuten en el rendimiento del alumnado y que también pudieran condicionar su protección, las reiteradas impuntualidades en la entrada a los centros, el elevado absentismo que va más allá del 5% de la asistencia mensual, las faltas de justificación para las inasistencias a clase, los desajustes educativos y las negativas a ser ayudados o apoyados, las faltas de respeto hacia el material educativo y la no presentación de los deberes o actividades educativas que se les solicita.
Otros indicadores
También se adoptaron como indicadores sociofamiliares que repercuten en el rendimiento escolar del alumnado la falta de interés de los progenitores en mejorar la actitud negativa de sus hijos en los centros educativos o con respecto a los estudios de los mismos; no acudir a los centros cuando son citados a reuniones; el uso de una disciplina o actitud demasiado rígida y autoritaria en los aspectos educativos; no aceptar medidas de apoyo o compensación educativas para sus hijos; no supervisarlos en el horario extraescolar; declaraciones de no poder controlar las conductas de los menores; la carencia de medios económicos y no solicitar ayudas para atender sus estudios; la utilización de los menores en discusiones familiares continuas y/o en los procesos de separación o divorcio dificultando la toma de decisiones con los centros educativos; la excesiva permisividad o protección con los hijos y señales físicas o de comportamientos que llevan a la sospecha de una posible situación de riesgo de los menores.
Del estudio se desprende que el proyecto conjunto que ahora tendrán que planificar las concejalías de Educación y Servicios Sociales deberá observar la implicación de otras concejalías, como las de Cultura y Seguridad y Emergencias, pero también una mayor respuesta y apoyo por parte de las unidades de Pediatría y Salud Mental del Servicio Canario de Salud, Dirección General del Menor, Policía Nacional y Fiscalía de Menores.