El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria llevará al Pleno una moción en la que insta al gobierno insular a poner en marcha un plan de alquiler social, con su correspondiente dotación presupuestaria, que facilite el acceso a la vivienda en la Isla, en especial a las familias con menos recursos.
En concreto, el PP plantea que el Cabildo lidere la búsqueda de soluciones a la falta de vivienda, uno de los problemas sociales más graves de la Isla, poniendo a disposición de los ayuntamientos una partida inicial de 5 millones de euros –ampliable en otros 5 millones- con cargo a remanentes de tesorería para la compra de viviendas terminadas o en construcción que se puedan destinar luego a alquiler social.
Impulsar medidas
Según el portavoz del Grupo Popular, Miguel Jorge, “la administración insular debe impulsar todas aquellas medidas que, dentro de sus competencias, sirvan para dar respuesta a un problema acuciante que cada vez afecta a más familias de Gram Canaria, y por eso presentamos esta iniciativa que ya se está implementando con éxito en otras islas”.
El PP sostiene en su moción que Gran Canaria, como el resto del Archipiélago, sufre desde la crisis económica de 2008 una grave paralización tanto en la construcción de vivienda libre como protegida, lo que unido al incremento de los precios de compra y alquiler, hace necesario incrementar de manera urgente el parque público y establecer medidas que promuevan el mercado de alquiler a precios razonables.
Asimismo, el PP propone que el Cabildo, junto a los ayuntamientos, elabore una Bolsa con las viviendas vacías existentes en cada uno de los 21 municipios y negocie con los propietarios su cesión a la administración local para ponerlas en el mercado de alquiler a precios asequibles por un determinado número de años, garantizándoles además el pago de la renta mensual.
Más seguridad jurídica
Con esta alternativa se daría una respuesta rápida a los más de 20.000 demandantes de vivienda mientras se construyen nuevas promociones, y al mismo tiempo se ofrece asesoramiento legal y seguridad jurídica a los propietarios que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda han preferido mantener cerradas sus casas por miedo a la okupación o los impagos de los inquilinos.
Esta modalidad ya se ha puesto en marcha en distintos lugares de la Península y Canarias, entre ellos La Palma, donde se desarrolla un programa en el que se solicita a los poseedores de viviendas en propiedad que la cedan de forma temporal a las personas afectadas por el volcán. A cambio, las instituciones públicas se encargan de mediar y ofrecer asistencia jurídica a las partes durante todo el proceso.
Por último, el PP incluye en su moción una tercera propuesta de acuerdo instando a la administración competente a establecer una bonificación del 100% de la cuota por arrendamiento de viviendas –siempre que no se destinen al ejercicio de una actividad empresarial o profesional- cuando la renta a satisfacer por el alquiler no supure los 10.000 euros anuales.