El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana y el Ministerio Fiscal han desestimado las denuncias por prevaricación administrativa y tráfico de influencias presentadas por Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias, contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este fallo, que marca el archivo de la última de las cuatro piezas separadas de la investigación en torno a la presunta financiación irregular del partido Ciuca y a la trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2011, 2015 y 2019.
Contratos
La denuncia apuntaba a presuntas irregularidades en contratos que el ayuntamiento suscribió con la empresa Arpiplan para el mantenimiento de áreas caninas desde 2015 a 2020 y otros contratos menores con el arquitecto técnico Jesús Romero Espeja.
En el periodo señalado, Rayco Guerra, quien luego asumiría el puesto de Asesor de Urbanismo en octubre de 2019, trabajaba para Arpiplan.
Ajustado a la ley
Según el auto de archivo, el proceso de contratación se ajustó a los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), cumpliendo tanto con los criterios de mercado como con la cualificación técnica exigida.
El juzgado, además, señala que todos los contratos menores fueron examinados y aprobados por los técnicos municipales y la Asesoría Jurídica del Consistorio, sin hallar indicios de delito en ninguna de las contrataciones.
Valoración de Bueno
Onalia Bueno ha declarado que esta resolución pone fin a los intentos de su adversaria política Isabel Santiago de "ganar en los juzgados lo que no ha logrado en las urnas".
La alcaldesa criticó lo que considera una “judicialización de la política” impulsada por Nueva Canarias y ha subrayado que "la verdadera política se hace en la calle, respondiendo ante los vecinos, no en los tribunales".