El papel de Encarna Galván al frente de la Sociedad de Promoción de Las Palmas es una de las piezas que investiga la Fiscalía Anticorrupción —con Javier Ródenas al frente— tras la denuncia presentada por el Partido Popular (PP). Bajo su mandato, al ocupar el cargo de concejala de Cultura en el ayuntamiento capitalino entre 2019 y 2023, el ente municipal acumuló un déficit de 3.251.324, 46 euros y una deuda a proveedores de 7.107.892,80 euros. Ese agujero económico, sin embargo, no ha condicionado a Augusto Hidalgo (PSOE) que, tras ejercer durante dos mandatos como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, al acceder a la vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria el año pasado primero la incorporó a su equipo como asesora y ahora —pese al temporal informativo y judicial que orbita alrededor de la sociedad mercantil— la ha ascendido a directora insular.
El pasado 9 de julio, según consta en documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Galván prestó su último servicio como asesora de Vicepresidencia del Cabildo. Eso fue ocho días después de que el Consejo de Gobierno de la propia administración pública acordara su nombramiento como directora insular de Vicepresidencia Primera y de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda. Así consta en un Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) del mes pasado. El ascenso de la exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es el único movimiento que ha tramitado Hidalgo en las últimas semanas, que también ha incorporado a dos asesoras más —una en Cultura y otra en Vicepresidencia—.
Investigada por Anticorrupción
Cuando se tomaron ambas decisiones respecto a la figura de Galván, su nombramiento como directora insular y su cese como asesora, Hidalgo ya conocía que Anticorrupción había asumido la denuncia del PP —lo hizo el 26 de junio— y que en la investigación aparecía señalada —junto a Carolina Darias (PSOE) —alcaldesa de la ciudad desde mayo de 2023— e Inmaculada Medina —actual presidenta de la Sociedad de Promoción, cargo que ya ocupó entre 2015 y 2019—.
La gestión de Galván, que también dirigió el área de Hacienda en el anterior mandato municipal, ha sido señalada por el PP como una de las razones de la situación de quiebra que ha atravesado en los últimos meses la Sociedad de Promoción. La situación ha sido tan delicada que el grupo de gobierno que preside Darias, ahora al frente del ayuntamiento capitalino, aprobó esta misma semana una inyección de 3,9 millones de euros en la mercantil para sanear sus cuentas.
Contratos menores
Sólo en los primeros seis meses de 2023, por ejemplo, la Sociedad de Promoción suscribió un total de 2.293 contratos menores por un importe total de cinco millones de euros, que utilizó para diversos fines, desde abonar servicios recurrentes —la telefonía o la luz de sus instalaciones— como otras prestaciones que habitualmente contrata como el sonido de eventos, la vigilancia o la elaboración de los planes de seguridad. Esa manera de gestionar la mercantil, según consta en la denuncia del PP, no fue puntual, fue una constante. En 2022 se ejecutó el 50,3% del total del presupuesto a través de contratos menores —pagos que, por la Ley de Contratos Públicos, no pueden superar los 14.999 euros—.
Otro punto a debate son los contratos negociados sin publicidad por razones de exclusividad. En este sentido, el pasado ejercicio 2023 se realizaron 116 licitaciones a través de este procedimiento, por un total de 8,9 millones de euros. Asimismo, se realizaron 10 licitaciones a través de procedimientos ordinarios por valor tan solo de 1,2 millones de euros. En la etapa de Galván al frente de la Sociedad de Promoción, el presupuesto anual de la mercantil registró un aumento cuantioso: en 2019 estaba fijado en 10,2 millones y cuatro años después se fue hasta los 14,6 millones de euros.
65,5 días para cobrar
Los proveedores de Sociedad de Promoción esperaban más de dos meses para cobrar las facturas en 2023, en concreto 65,5 días. Ese fue el tiempo que la compañía pública tardó, de media, en abonar los compromisos de pago tras los trabajos realizados. Lo curioso con la demora para pagar las facturas es que, en relación al año 2022, se incrementó un 80,51% porque 12 meses antes el periodo medio en el que se aguardaba por el ingreso era de 36,13 jornadas. Sí, más del doble de tiempo.
Otro tema que ha estado encima de la mesa es la opacidad con la que ha actuado la entidad. Se ve reflejado en seis resoluciones elaboradas por el Comisionado de Transparencia —también incluidas en el dossier del Partido Popular— donde pide al Consistorio que responda a solicitudes de información que nunca atendió.