Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago (COAG), se enfrenta a un nuevo problema con las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. Después de que desde la Consejería de Presidencia le hayan hecho varios requerimientos para corregir la justificación de distintas ayudas, el área dirigida por Teodoro Sosa le pide la devolución de 177.802,23 euros —además de otros 27.781,60 euros por intereses de demora— de una partida que solicitó para construir un centro social en la iglesia evangélica de la que es pastor. Así queda reflejado en un informe al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
El representante agrario, que debe hacer frente al pago de 205.583,83 euros —según informa Cadena Ser, ha presentado alegaciones—, pidió la subvención el 27 de julio de 2020. Las razones que esgrime la Corporación Insular es que destinó dinero de la ayuda para cuestiones que no estaban previstas y no justificó a tiempo el plazo para notificar el final de la obra. “La Iglesia Evangélica de Las Palmas quedó obligada a gestionar los fondos en los términos y condiciones descritos en la concesión”, reza el requerimiento.
Licencias
El 15 de diciembre del año de la pandemia, Hernández pidió aumentar el plazo de ejecución tres meses, hasta el 31 de mayo de 2021 porque el proyecto, dijo, sufrió las consecuencias de la pandemia. “Las licencias y permisos para la ejecución del mismo por parte del Ayuntamiento se están retrasando”, esgrimió. El Cabildo cedió y le dio el periodo de gracia.
La última novedad ocurrió el 11 de julio de este año. Presidencia envió a la Iglesia Evangélica un requerimiento para advertirle de que no había presentado el certificado final de la obra. La entidad religiosa respondió el 24 de agosto diciendo que, como los técnicos responsables se encontraban de vacaciones al ser verano, no podría conseguir los documentos hasta septiembre y pidió una ‘tregua’ hasta el regreso a su puesto de trabajo de los funcionarios.
Partidas no incluidas
“A fecha de emisión del presente informe, una vez vencido el plazo otorgado para la presentación de la documentación, no consta la aportación del certificado final de obra”, afirma tajante el Cabildo en el requerimiento. Cuando la corporación presidida por Antonio Morales le dio la subvención dejó claro que sería responsabilidad de la iglesia “disponer de todos los permisos y licencias”.
Otro de los puntos clave que llevaron al Cabildo a pedir el reintegro del dinero es que detectaron gastos en partidas no incluidas en el presupuesto inicial “y para las cuales no se solicitó una modificación del proyecto”.
42.608 euros
En total son 42.608,53 euros de los que 10.368,52 corresponden a planos y una ampliación de los trabajos, pero la Consejería de Presidencia indica que “no tiene constancia de que se haya solicitado una modificación del proyecto”. Por lo tanto, no es dinero subvencionable al no estar incluidos en la memoria presentada el 31 de julio de 2020.
Además, había 15.240,01 euros para una cámara de congelados. Ahí el inconveniente reside en que debería haberse contemplado en el presupuesto de forma independiente. Por otro lado, 17.000 euros eran para instalar un ascensor, pero no estaba “contemplado en el presupuesto presentado por la beneficiaria”.