“Tras un año de promesas, seguimos sin ningún cambio para los mayores de 21 años y gran dependientes”, esta es la gran denuncia de la Plataforma ‘¿Y Ahora Qué Hacemos?’, que se ha concentrado la mañana del 25 de octubre frente al Cabildo de Gran Canaria para demandar respuestas sobre la situación de parálisis en la lista de espera para plazas en centros específicos dirigidos a personas con diversidad funcional mayores de 21 años.
Ruth Santana, portavoz de la asociación, expone que, hace justo un año, el Cabildo aprobó por unanimidad ofrecer un servicio alternativo mientras los chicos y chicas esperan la plaza, así como agilizar la lista de espera; sin embargo, no se ha avanzado en la materia y muchas familias se están viendo afectadas. En la plataforma se encuentran alrededor de 100 familias que llevan esperando en algunos casos hasta seis años. Para ellos el tiempo es vital, tanto por el efecto que tiene para los jóvenes la pérdida de su rutina y atención en un centro, como por el trabajo que supone para las familias.
100 familias afectadas
La manifestación coincide con el segundo aniversario de una convocatoria similar en 2022 como consecuencia del descontento generalizado ante la falta de respuestas y soluciones urgentes por parte de la consejería de Política Social del Cabildo grancanario, liderada por Isabel Mena. “Venimos a recordar que el año pasado se votó por unanimidad una propuesta para crear un servicio alternativo mientras los chicos esperan una plaza. Sin embargo, un año después, esa situación de urgencia sigue sin implementarse, y las familias seguimos soportando la falta de transparencia sobre el estado de la lista de espera”, señala Santana.
Actualmente, unas 100 familias forman parte de esta plataforma. Santana enfatiza que esta situación va más allá de la simple falta de plazas y afecta tanto al desarrollo de los jóvenes como al día a día de las familias: “Los chicos, tras años en el sistema educativo teniendo una socialización, actividades, etc., se tienen que quedar en casa al cumplir los 21 años por no haber plaza. Todo ese trabajo que se ha ido haciendo durante su vida, se viene abajo y comienzan a enfrentar serios problemas de conducta y salud mental cuando se ven aislados sin acceso a actividades socioculturales o educativas. Esto afecta también a sus familiares, quienes asumen el cuidado total, limitando sus vidas laborales y sociales”.
Sin información de la lista de espera
Es el caso de Atteneri, una joven que lleva cinco años - desde 2019 - en lista de espera. Han pasado tres años desde que cumplió los 21 y tuvo que dejar el centro al que acudía. Su madre Sonia cuenta que toda esta situación ha supuesto el fin de todas las rutinas de Atteneri, lo que ha afectado a su autonomía y a aspectos de ocio y sociales, pues ya no se relaciona con gente de su edad. “Todavía, después de tres años, sigue preguntando si hay cole al despertarse”.
La falta de un centro ha llevado a Sonia a pedir ayuda a su familia. “Tiene que estar un día con una tía y otro con la prima porque no puedo dejar de trabajar”, indica. A día de hoy sigue sin recibir ninguna información del estado de su solicitud. “No nos han dicho nada, aquí no sabes ni en qué número estás y solo toca esperar”.
Repercusiones en la vida diaria
Como Sonia, más madres se ven en esta situación. Rita, madre de Javier, quien lleva tres años en la misma lista, comenta que la falta de plaza ha tenido repercusiones en la vida diaria tanto del joven como de toda la familia: “Javier depende de otra persona para todo. No puedo moverme ni hacer mis actividades cotidianas como ir al supermercado, ya que necesita supervisión constante. Esta situación nos limita a ambos en todos los aspectos de nuestra vida”.
Jesús también lleva tres años en lista de espera. Su madre Sebastina apunta que “él necesita un centro donde pueda socializar y estar activo, pero hasta ahora sigue en casa, sin rutina y aburrido, lo que afecta su bienestar”. Al igual que otras familias, Sebastina no puede ir a trabajar al tener que atender a Jesús, que necesita atención específica por su movilidad reducida y otras necesidades de dependencia.
Transparencia y plazas
Las familias reclaman mayor transparencia de la lista de espera, así como que salgan adelante las 72 plazas de adjudicación inmediata que se licitaron en diciembre a través del tercer sector, las asociaciones. Santana denuncia la falta de responsabilidad del Cabildo y, en concreto de la consejera de Política Social, Isabel Mena.
Las familias aseguran que continuarán sus reclamaciones hasta que se tomen medidas reales que les garanticen el derecho a una plaza en un centro específico. La Plataforma insiste en que es “inaceptable” que estos jóvenes deban esperar años para acceder a un servicio vital para ellos y para sus familias, quienes enfrentan situaciones de estrés y agotamiento físico y emocional. Con la mirada puesta en una gestión que consideren “digna y responsable”, los familiares claman por una respuesta concreta a esta crisis sociosanitaria que afecta a cientos de personas en Gran Canaria.