El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, ha reafirmado su rechazo a la instalación de una planta regasificadora en el Puerto de Las Palmas, advirtiendo que "significaría un retroceso en los objetivos de transición energética" que la corporación impulsa para la isla. Ambos representantes han reiterado esta postura en un encuentro con colectivos ecologistas y ciudadanos, quienes también se oponen a este proyecto impulsado por Totisa Holdings.
El proyecto de Totisa plantea la instalación de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), junto a una central eléctrica de 70 MW destinada a suministrar energía al puerto y a los buques atracados. Sin embargo, la plataforma ciudadana y los grupos ecologistas advierten que esta infraestructura generaría un impacto ambiental significativo y riesgos para la salud pública, ya que aumentaría de forma alarmante la contaminación en la zona, afectando la calidad del aire y la seguridad de los vecinos y trabajadores del puerto.
Impacto ambiental
El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) ha emitido tres informes técnicos que respaldan la negativa del Cabildo, destacando que si bien existe una necesidad de GNL en el puerto para cumplir con normativas internacionales, la construcción de una central de combustibles fósiles de 70 MW no solo es innecesaria, sino que resultaría contraproducente en términos de emisiones de CO₂ y de transición hacia energías renovables.
Según el CIEGC, esta infraestructura elevaría las emisiones anuales de CO₂ en el puerto de 25.884 toneladas a 304.780 toneladas, multiplicando por 12 las emisiones actuales y desplazando tecnologías limpias que ya forman parte del mix energético de la isla. “Es un riesgo para el progreso de energías limpias en Gran Canaria,” sostiene el Cabildo en un comunicado.
Alternativas sostenibles
Como alternativa, el CIEGC propone utilizar la red de distribución eléctrica existente para el suministro a los buques atracados, una solución que permitiría reducir emisiones sin necesidad de construir nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Además, el Consejo advierte que solo un 6 % de la energía generada por la planta de Totisa se destinaría realmente al 'cold ironing' (conexión eléctrica para buques en puerto), mientras que el 94 % restante sería vertido a la red para su venta comercial. Esta distribución indica que el proyecto de Totisa prioriza la venta de energía sobre la reducción de la huella de carbono en el puerto.
Fugas de metano
El Consejo Insular de la Energía también subraya los riesgos medioambientales derivados de las fugas de metano durante el proceso de generación y regasificación, las cuales anularían cualquier beneficio ambiental del proyecto. En su tercer informe, cuestiona además la viabilidad del suministro eléctrico que Totisa plantea, argumentando que si la capacidad de las líneas de distribución actuales es insuficiente, el propósito del 'cold ironing' quedaría en entredicho, revelando así una inconsistencia en el plan propuesto.
Con esta firme oposición, el Cabildo de Gran Canaria se reafirma en su compromiso con una transición energética limpia y sostenible, priorizando el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente sobre proyectos que suponen un aumento de las emisiones contaminantes y un retroceso en los objetivos climáticos de la isla.