Más cabildos se suman al rechazo de la idea del Gobierno de Canarias de privatizar el servicio de ayuda a domicilio especializada (SAD) como posible solución a la mala gestión en las islas de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
La consejera de Política Social de Gran Canaria, Isabel Mena, apunta que “una macro licitación para las siete islas por igual” no contribuiría a solventar el problema y sostiene la necesidad de actualizar el precio de las horas del servicio, regulado por el Ejecutivo.
Un nuevo convenio
El Convenio de Cooperación entre Gobierno autonómico y cabildos finaliza en diciembre, y toca plantear un nuevo convenio de cara al periodo 2025-2028, en el que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de asumir la gestión directa del SAD y lanzar un procedimiento de licitación. El Cabildo de El Hierro y el de La Palma ya han mostrado su negativa a este nuevo modelo, opinión que también comparte la institución insular de Gran Canaria.
Mena sostiene que este servicio, que atiende a personas en situación de dependencia, es de naturaleza especializada y, por lo tanto, debería gestionarse a nivel insular. “El servicio de ayuda a domicilio es un servicio de cercanía que tiene que estar en una administración cercana al territorio”, declara.
En el caso del Cabildo grancanario, el servicio de ayuda a domicilio se gestiona desde 2022, prestando 250.000 horas de asistencia al año según los parámetros de la Ley de Dependencia, por lo que “hay personas a las que se atiende hasta 78 horas semanales”, señala la consejera de Política Social, quien destaca que se hace a través de entidades especializadas en cuestiones específicas como Alzhéimer Canarias. Para Mena, el funcionamiento del servicio en la isla demuestra que los cabildos están capacitados para ofrecer esta asistencia de forma efectiva.
Actualizar los precios del servicio
La consejera insular critica el plan del Ejecutivo de lanzar una “macro licitación” que centralizaría el servicio en una gran empresa, desplazando a las pequeñas entidades y a los servicios de gestión pública de ayuda a domicilio, los cuales, argumenta, “funcionan bien y llegan a los usuarios sin problemas” en muchas islas, a excepción de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, según apunta el propio Gobierno regional.
En lugar de una privatización, Mena expone que los cabildos han propuesto en otras ocasiones actualizar el precio de las horas de servicio, regulado por el Gobierno de Canarias, pues es “bajo” y “está dificultando que el servicio se pueda prestar adecuadamente en las siete islas”.
Según Mena, esta medida permitiría mejorar la cobertura y sumar más entidades especializadas y asegura que los problemas en algunas islas se deben precisamente a la falta de actualización de precios, lo que ha dificultado encontrar prestadores del servicio. “Lo que hay que hacer es apoyar a esas islas para que puedan prestar el servicio adecuadamente y no imponer una misma solución para todas sin atender las particularidades de cada una”, subraya.
Falta de diálogo e imposición
Por último, Mena denuncia la falta de diálogo entre el Gobierno de Canarias y los cabildos en esta propuesta de privatización, asegurando que “una medida como esta no se puede tomar sin negociar con las instituciones insulares”. La consejera de Política Social recuerda que, históricamente, el Gobierno regional y los cabildos han trabajado conjuntamente en el ámbito de la dependencia y que la “imposición” de esta licitación rompe con esa colaboración.