El Cabildo de Gran Canaria ve la luz al final del túnel. La Corporación Insular, que tiene la competencia —transferida por el Gobierno regional— de gestionar una parte de los centros donde están alojados los menores tutelados, lleva muchos años viéndose contra la espada y la pared por no poder sacar adelante un servicio estable que permita llevar a cabo la gestión de las instalaciones. Fuentes de la Consejería de Política Social y Accesibilidad, área liderada por Isabel Mena, han confirmado a Atlántico Hoy que esperan publicar los pliegos para licitar el ansiado contrato antes de que acabe 2024.
Los problemas han llegado hasta instancias como el Consejo Consultivo de Canarias, organismo fiscalizador que ha declarado la nulidad de varios contratos verbales entre el Cabildo y una de las asociaciones que se encargan de atender a los jóvenes. El pasado 4 de julio, dio el visto bueno, a petición del presidente de la Isla, Antonio Morales, para invalidar acuerdos alcanzados desde octubre de 2023 —aunque, en realidad, también se ha hecho con pactos establecidos en 2021 y 2022— por valor de 669.756,88 euros. La decisión para hacerlo está justificada en que se ha prescindido “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Problema histórico
Lo que quiere decir, para que nadie se pierda entre tecnicismos y lenguaje jurídico, es que no se ha realizado un concierto para que los interesados presenten una oferta, sino que se ha hecho mediante contratos de emergencia para dar respuesta a la situación. Política Social explica que el contrato grande con sus diferentes lotes “siempre ha sido un enorme problema para el Cabildo”. “Se ha intentado sacar por este gobierno, pero también por otros anteriores”, agregan
“Aunque el Consultivo ponga el periodo que oscila entre 2021 y 2024, en realidad esto lleva en nulidad muchos años porque siempre que se saca ha habido impugnaciones. En vista de estas complicaciones se decidió que el último pliego no irá a licitación porque coincidió con la aprobación del Decreto de Concierto Social”, manifiesta.
Gasto plurianual
La Consejería, teniendo en cuenta lo difícil que resulta, ha decidido tramitarlo mediante la figura de concierto social. De hecho, ya están en la fase final porque lo está tramitando la asesoría jurídica. Cuando tengan el visto bueno publicarán los pliegos, puesto que el Pleno de la Corporación aprobó el gasto plurianual de 131 millones de euros que permitirá cubrir más de 400 plazas.
El documento elaborado por el Consejo Consultivo detalla que, el 18 de diciembre de 2008, el Cabildo de Gran Canaria formalizó convenios de colaboración con diferentes entidades especializadas en materia de menores con el fin de que gestionen los centros de acogimiento residencial. La razón es que “se carece de una red pública propia suficiente para dar cabida a todo el número de plazas”.
Llegada masiva
La red pública de este tipo de instalaciones en la Isla está formada por 423 plazas, de las que 50 son gestionadas directamente por la Corporación que preside Antonio Morales —el resto están en manos, de manera indirecta, de entidades sociales—. “A partir del año 2016, se ha procedido a la creación de nuevos hogares y centros de acogida inmediata, dada la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, que han saturado los recursos existentes hasta el momento”, apostilla el texto.
Un ejemplo de acuerdo adoptado por vía de emergencia es el que tuvo lugar el 13 de agosto de 2021 para cubrir 10 plazas con un precio de 121,31 euros por menor y día. La historia continúa el 14 de febrero de 2023 entró en escena la Intervención General —otro órgano fiscalizador, pero en este caso interno de la propia administración—. En el informe desprende que en marzo de 2010 ya informó desfavorablemente sobre la primera prórroga de los convenios, “considerando que la naturaleza jurídica de la relación a entablar con las entidades sin ánimo de lucro para la prestación de los comentados servicios, es indudablemente, la propia de un contrato”.
¿Qué es el concierto social?
Ahora bien, ¿qué es el concierto social que utilizará la consejería de Isabel Mena? Es un tipo de proceso aprobado por el Ejecutivo autonómico para delegar en personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, sujetas en su funcionamiento al régimen de derecho privado, la prestación de servicios sociales de atención directa a los demás.
El Consultivo determina que “transcurrido un período de trece añosa desde la primera prórroga en el año 2009, de la situación actual del expediente se deduce que la contratación de la gestión de la mayor parte de los centros ha vuelto a iniciarse (en este caso, a través de la figura del concierto social) y sigue, por tanto, sin culminarse”.
Otras nulidades
Como declara la Consejería, no es la primera vez que se ven en la obligación de declarar la nulidad de un contrato verbal. Sin ir más lejos, sucedió el 28 de diciembre de 2023, cuando Isabel Mena lo hizo con el periodo que osciló entre mayo y septiembre de ese mismo año por valor de 349.346,92 euros.
Eso sí, según el Consultivo parece que no se le puede poner un pero al desarrollo del proceso: “Junto a las exigencias de confianza legítima por parte de la empresa, también concurren los principios de buena fe, eficacia y eficiencia administrativa, de forma que el juicio crítico favorable para el reconocimiento de las obligaciones, y posterior pago de las facturas es posible al haberse previamente verificado”.
Límites
“La tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia. Por tanto, requiere la inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo” aclara también unas páginas más abajo.
“Además, este Consejo Consultivo no puede sino reiterar la necesidad de que las Administraciones públicas respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos, erradicando las prácticas que los vulneran”, sentencia.