El Maspalomas Pride By Freedom, uno de los eventos más icónicos de la comunidad LGBTI en Gran Canaria, ha sido objeto de una denuncia formal presentada ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Un empresario de Maspalomas, Juan Manuel Pérez, preocupado por el uso de recursos públicos y la falta de transparencia, acusa a la Asociación Freedom y a la empresa Jaifer Events SL de monopolizar los beneficios económicos del evento, que se celebra en espacios públicos como la plaza del Centro Comercial Yumbo.
El denunciante señala que la adjudicación directa de los derechos de organización y explotación del evento podría estar violando las normativas de contratación pública, como la Ley de Contratos del Sector Público y la legislación municipal. Además, cuestiona la relación entre la asociación sin ánimo de lucro Freedom y la mercantil Jaifer Events SL, administrada por los mismos responsables, que presuntamente controlan la venta de entradas, zonas VIP y barras del evento, generando ingresos superiores al millón de euros.
Subvenciones públicas
La denuncia también menciona que la marca Maspalomas Pride, de titularidad pública, habría sido explotada indebidamente en beneficio privado, mientras se reciben subvenciones públicas de hasta 300.000 euros anuales. Según la denuncia, los informes económicos y las cuentas anuales de la asociación no han sido debidamente fiscalizados, dejando dudas sobre el destino de los fondos públicos.
El denunciante exige que se investigue a fondo la gestión del evento desde 2016 y se evalúe la legalidad de los acuerdos entre el ayuntamiento y Freedom. Asimismo, plantea la posibilidad de que se hayan utilizado subvenciones europeas de los fondos Next Generation de forma irregular.
Descenso de ventas
En mayo, después, de la celebración del Maspalomas Pride by Freedom, empresarios del CC Yumbo ya mostraron su malestar con la gestión de una celebración en la que la asociación Freedom y sus empresas concentran la mayoría de ingresos. En su caso reportaron un descenso de entre el 40% y el 55% en ventas respecto a 2023.
Además, acusaron a la organización de limitar el acceso visual y logístico a los espectáculos con barreras de 3,5 metros de altura que aislaban los locales de la plaza central. La percepción general es que el evento ha perdido atractivo, tanto para el público internacional de mayor poder adquisitivo como para la comunidad LGTBI, y se ha convertido en un festival de música que excluye a los negocios locales.
Este caso pone en el centro del debate la necesidad de transparencia y competencia en la gestión de eventos públicos, así como el impacto que decisiones administrativas pueden tener en la economía local y en la imagen de un destino turístico como Maspalomas. El ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial al respecto.