Los conflictos por la presunta falta de licencias urbanísticas en los apartamentos Roca Verde, ubicados en Playa del Inglés, se remontan a 2021. Después de que saliera a la luz que el empresario Juan Manuel Pérez denunció hasta en dos ocasiones que en el complejo alojativo se está construyendo, supuestamente, una terraza a pesar de no tener el visto bueno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, este periódico ha tenido constancia de un caso similar.
Otra demanda interpuesta por un miembro del vecindario hace cuatro años señaló que se estaban realizando, presuntamente, cerramientos ilegales. El documento ponía sobre la mesa que se había procedido a abrir en el muro perimetral dos puertas que dan acceso directo de la calle. “Una abierta como acceso directo al restaurante; y otra al lado de las canchas del complejo”, sentencia.
¿Sin autorización?
“Las referidas puertas, denunciadas en distintas ocasiones anteriores ante este ayuntamiento, fueron abiertas sin autorización de ningún tipo, ni de esa administración, ni de los propietarios. Todo ello, en beneficio exclusivo del restaurante-bar como acceso directo al mismo y a la calle trasera para entrar directamente a las canchas del complejo”, continúa el documento.
La mujer pidió a la alcaldía, por aquel entonces en manos de Conchi Narváez (PSOE), que la Policía Local se personara con el objetivo de comprobar si la apertura del muro perimetral contaba con la preceptiva licencia municipal. “Solicitando, para el caso contrario, se proceda de inmediato a incoar el correspondiente expediente de infracción y el inmediato precinto de las puertas abiertas”, culmina.
Policía Local
Unos días más tarde, según ha podido confirmar este medio a través de fuentes oficiales, el Consistorio pidió a la Policía Local que realizara las gestiones de inspección oportunas en los apartamentos Roca Verde, en el número 24 de la calle Madrid hacia la calle San Cristóbal de La Laguna.
Pasó una semana hasta que desde el cuerpo de seguridad, según las mismas fuentes, adjuntó un informe tras la visita de los agentes al lugar. Comprobaron que los cerramientos eran una realidad, pero que “se produjeron hace 15 o 20 años aproximadamente”.
Procedimiento sancionador
La cosa no queda ahí, porque también quiso saber el estado de ejecución o la valoración de los trabajos “al objeto de iniciar el procedimiento sancionador o, en su caso, para la imposición de multas coercitivas”. Tan solo unos días después, la corporación municipal requirió a un técnico que emitiera un informe con la descripción de las obras denunciadas, así como la clasificación, categorización y calificación del suelo donde se ubican.
Se trata de un tema que ocurrió hace unos años, pero es llamativo teniendo en cuenta las dos denuncias del empresario Juan Manuel Pérez al coincidir el establecimiento. En la segunda demanda, señala que las obras en una terraza sigue, presuntamente, adelante, a pesar de no tener licencia. Sin ir más lejos, el pasado 28 de octubre el Consistorio informó a los promotores que no tenían permiso.
Ayuntamiento
El objetivo, según el propio ayuntamiento, es acondicionar las instalaciones para convertirlas en un bar-cafetería de uso exclusivo para los clientes del complejo alojativo. Las razones que esgrime la corporación municipal es que la única alternativa posible es que sea complementario al kiosko que ya existe. Además, aseguran que la ubicación se encuentra separada de los linderos de la parcela, así como con un acceso exterior mediante tres entradas.
El ayuntamiento, como también ha podido conocer este medio por las fuentes consultadas, instó a que el promotor de los trabajos justifique la pieza del bar o restaurante principal en funcionamiento de los apartamentos. No solo eso, sino que debe suprimir el acceso al exterior que, al parecer, existe desde la misma terraza. La ocupación del kiosko es otro punto que tiene la obligación de esclarecer.