El Cabildo de Gran Canaria tiene todavía pendiente justificar 16.636.957,60 euros correspondientes a los años 2022 y 2023 del Plan de Infraestructura Sociosanitario financiado por el Gobierno autonómico –sin contar 2024 porque no ha terminado–. Así lo ha confirmado a Atlántico Hoy la consejera de Política Social y Accesibilidad en la Corporación Insular, Isabel Mena, después de que este periódico tuviera acceso a dos informes del Ejecutivo regional que detallan las diferentes cifras.
Los documentos son respuestas del Gobierno canario a la diputada en el Parlamento autonómico del Grupo Popular Sonsoles Martín. Las preguntas se formularon a petición de los miembros de su partido en el Cabildo dirigido por Antonio Morales. Para evitar confusiones entre tanto número y cronología es fundamental ir por partes. O, lo que es lo mismo, empezar desde el principio.
Diferentes anualidades
El primer texto que ha podido consultar este diario, firmado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, área encabezada por Candelaria Delgado, apunta que en 2023 “no se ha justificado la cantidad de 4.507.942,60 euros” relativos a 2022. Mena aclara que, por el momento, solo han rendido cuentas de las primeras anualidades del plan. El otro montante que también está por resolver es de 12.129.015 euros y responde a lo entregado el año pasado.
En la segunda respuesta se refleja que los diferentes abonos están “pendientes después de compensación”. La consejera explica a este diario que para 2018 y 2019 el Cabildo recibió 17 millones por parte del Gobierno de Canarias –aunque el Cabildo con el tiempo ha tenido que ir adelantando el dinero para poder sacar las licitaciones–.
17 millones de euros
Indica que, por aquel entonces, ninguna isla fue capaz de justificar el dinero porque el método establecido por la comunidad autónoma para hacerlo era a través de la certificación de obra –es decir, demostrar que hubiera tramos terminados– “y eso fue un error tremendo”. “En esos años no se estaban ejecutando los trabajos, sino buscando suelo y realizando proyectos”, aclara.
De los 17 millones de euros, la Corporación Insular únicamente justificó 11 millones. Por lo que el Gobierno canario le exigió la devolución de los seis restantes. Como todo en esta vida es negociable, el Cabildo le respondió el año pasado que podían llegar a un acuerdo: no devolverlo a cambio de que se le descontara de la cuantía prevista para 2022, que era de 10 millones. De ahí salen los 4,5 que faltan, de cara a la galería, por ejecutar de ese ejercicio.
Todo está ejecutado
Sí, de cara a la galería. O eso, al menos, es lo que ha querido transmitir Isabel Mena porque garantiza que “el Cabildo de Gran Canaria no ha dejado de ejecutar un solo euro del plan de infraestructuras”. “Esos seis millones que reclamaba el Gobierno al Cabildo están gastados, pero no en los años 2018 y 2019”, añade. Lo mismo ocurre con lo demás porque, incide, han tenido que adelantar dinero con fondos propios desde el primer momento.
“Todas las obras”, dice, “las tenemos o construidas o en proceso de construcción”. Pone como ejemplos las residencias de Artenara, Santa María de Guía, Teror, las dos de Tamaraceite, San Francisco de Paula o la ampliación de Taliarte. Según Mena, se han terminado o están cerca de hacerlo. “Es público y notorio, puedes ir por la Isla viéndolo”, exclama.
La prórroga
Declara que el plan de infraestructuras original era de 90 millones de euros y el Cabildo va a invertir casi 100. “Mucho más de lo previsto porque las obras y los materiales han subido de precio desde el año 2020”, cuenta. “Para que el Plan de Infraestructuras haya sido una realidad en Gran Canaria como es, el Cabildo ha tenido que adelantar todo el dinero”, insiste la consejera.
“En 2021 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024. Nosotros todas las obras ya las tenemos en marcha y otras terminadas. El problema hay que mirarlo globalmente en las siete islas. Cada una está en una situación distinta. Por ejemplo, en Tenerife no se han licitado todas las obras y la dificultad es mayor”, relata Mena.
“La FECAI ha pedido que se modifique el Plan de Infraestructuras en su totalidad. Se firmó con una desventaja clara hacia los cabildos, que se vieron obligados a hacer un adelanto económico importante. De una manera de justificar que era imposible”, culmina.