La Consejería de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha desestimado más de 1.000 nuevas autorizaciones de servicio de transporte público de viajeros en vehículos de autoturismo de arrendamiento con conductor (VTC) de naturaleza interurbana. La explicación es que "el cupo estipulado por la normativa canaria para este tipo de servicios ya está cubierto en la isla", explica la institución en un comunicado. "Su concesión produciría un desequilibrio en el sector, al superar la proporción fijada legalmente de una autorización de VTC por cada 30 autorizaciones de taxi".
La Corporación insular ha adoptado esta decisión conforme a la Ley canaria 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación de Transporte por Carretera de Canarias, de aplicación a esta solicitud y que, en su artículo 79-bis, dispone que la regulación de los VTC "debe basarse en requisitos que permitan su diferenciación con respecto al servicio de taxis, en particular, en cuanto a dimensión empresarial, con oficina abierta al público y las características de los vehículos que respondan a un servicio de alta calidad." Y, en cuanto a la proporcionalidad de las autorizaciones, se atiene a lo establecido en el artículo 79-quinquies, que estipula que los cabildos insulares "procederán a denegar las autorizaciones, si se produce un desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros en vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas y de arrendamiento con conductor, en relación con los potenciales usuarios de los servicios". Y, en este sentido, determina que ese desequilibrio existirá cuando se supere la citada proporción de una autorización de VTC por 30 licencias de taxi.
Cantidas cubierta
La Dirección General de Transportes del Cabildo de Gran Canaria considera que, en aplicación de esa proporción de 1 a 30 solo caben en la isla 102 vehículos VTC, "una cantidad que, en la actualidad, está totalmente cubierta por las autorizaciones existentes y por aquellas solicitadas con anterioridad a la modificación de la ley que establece dicho cupo". Además, "en estos momentos, la cifra de VTC efectivas en Gran Canaria asciende a esas 102 autorizaciones, pertenecientes a ocho empresas residenciadas en el ámbito insular, mientras que el número de autorizaciones para taxis (cifra que fluctúa normalmente a la baja, suspensiones, sustituciones, entre otros) es de 2.656", detalla.
El Cabildo explica que, al tomar esta decisión, "se ha sujetado a la instrucción de coordinación emitida por el Gobierno de Canarias en este mismo sentido, a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictamina que limitar la licencias VTC en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea". Pero, "esa instrucción señala que Canarias no se encuentra afectada por la misma, con base en el artículo 4, apartado j) de la Ley 13/2007, que tiene por objetivo 'La consecución de la máxima calidad y seguridad en la prestación de la actividad de transporte por carretera y la reducción de los impactos y coste medioambiental'", agrega.
Igualmente, hace hincapié en que la competencia para la regulación y el otorgamiento de licencias de transporte público de viajeros por las carreteras Canarias "es exclusiva de la comunidad autónoma, bajo el marco jurídico autonómico, no el nacional de la Ley 16/1987 de 30/07 de Ordenación del Transporte Terrestre", la cuestionada por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso de Barcelona.