El Comisionado de Transparencia del Archipiélago se ha pronunciado sobre la reclamación de la consejera y portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Pepa Luzardo, para pedir que la Corporación Insular le facilite información sobre dos proyectos financiados a la ONG Oportunidades de Vida. La resolución, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, obliga al grupo de Gobierno encabezado por Antonio Morales a enviarle los diferentes datos y facturas.
Durante una comisión de pleno el pasado 19 de marzo, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, espetó a Luzardo que la Ley de Protección de Datos no le permitía mandar lo que estaba solicitando. Ni copia de las facturas “y menos reportajes fotográficos donde hay personas, muchas veces menores”. Aunque remarcó que cuando quiera acceder a cualquier documentación podrá hacerlo sin quedarse con un resguardo si el servicio no da el visto bueno.
Plazo
El Cabildo grancanario tiene ahora un plazo de 15 días para hacer entrega de la información a la reclamante y una calco al Comisionado de Transparencia que demuestre haber cumplido con el requerimiento. Si no obedeciera el texto firmado este miércoles, explica el documento, podría acabar incurriendo en infracciones muy graves.
La asociación que recibió dinero de la Corporación está dirigida por Rafael Hernández, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las Islas. En este caso, las subvenciones tenían el objetivo de sufragar las iniciativas ‘Mozambique pequeñas semillas’ –51.000 euros– y ‘Bamako’ –34.000 euros–.
Billetes de avión
Luzardo pide una copia de los reportajes fotográficos que acrediten ambos proyectos, así como de los billetes de avión para viajar a África. La popular llegó a detallar que cuando pidieron conocer todo lo que rodeaba ambos proyectos vieron en el listado pagos en efectivo para determinadas prestaciones médicas y docentes. La contestación de vuelta es que había varias facturas firmadas, por ello quieren conocer su contenido.
El Comisionado la avala. Recoge que después de examinar el contenido de la solicitud han concluido que están ante una petición de información “claramente administrativa”. “Se trata de documentación que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP –Ley de Transparencia– elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible”, manifiesta.
Los cargos electos
La resolución insiste en que la portavoz del PP en el Cabildo debe recibir la información que solicita, especialmente, al ser un cargo electo –tiene su acta de consejera después de las elecciones de 2023–. “El derecho de acceso de los electos locales es un derecho constitucionalmente reforzado y privilegiado en comparación con el que ostentan los ciudadanos particulares”, remarca. Un asunto del que, dice, se ha llegado a pronunciar el Tribunal Supremo (TS).
“En este punto es importante subrayar que los miembros gobernantes de la entidad local tienen acceso a la información solicitada, de manera que el resto de consejeros no pueden ser de peor condición y no tener acceso a la misma. La consejera reclamante no es un tercero ajeno a la corporación insular y su derecho de acceso a la información relativa a los servicios insulares es un derecho fundamental”, establece.
Anonimizar la información
“Los consejeros gobernantes representan a los partidos políticos que suscribieron el pacto de gobierno y que conforman el equipo de gobierno local. Por lo que se hace preciso conciliar el derecho de acceso a la información de los consejeros del resto de los grupos políticos con la salvaguarda de la protección de datos, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la garantía de la confidencialidad; de forma que pueda restringirse la difusión pública de algunas informaciones por parte de la consejera reclamante”, continúa.
Además, expone que si la documentación contuviera datos personales y prima su protección, “se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria”.