El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, después de doce años, el Plan Insular de Ordenación (PIOGC). Este documento, que hizo su aparición por primera vez en 2010, define las reglas técnicas y jurídicas que, según la administración, permitirán impulsar el modelo estratégico que armonice la sostenibilidad ambiental y territorial para las próximas décadas en la isla.
El PIOGC, que se ha aprobado sin ningún voto en contra y con dos abstenciones (Unidos por Gran Canaria y Partido Popular), asegura un 85% del territorio insular que queda libre de cualquier intervención urbanística por la protección de las actividades agropecuarias y otros usos compatibles con el suelo rústico. Además, crean nueve nuevos espacios protegidos en la isla que se suman a los ya existentes: Amurga y Tauro, los volcanes y coladas lávicas de Rosiana o la península de Gando en Telde, las laderas de Lomo Riquiánez en Arucas, el acantilado de Mármol y Barranco del Río en Guía, junto a la costa de Tenefé en Santa Lucía de Tirajana. Asimismo, se promoverá la ampliación de otros espacios protegidos ya declarados cuyos límites actuales dejaron sin protección importantes recursos naturales próximos, como son los casos de Tufia, La Isleta, El Confital, la Montaña de Arinaga hasta la Playa de Vargas, o el norte de la montaña de Amagro en Gáldar.
Soberanía alimentaria
El presidente de la institución insular, Antonio Morales, asegura que este es un “plan absolutamente necesario para plantear la Gran Canaria del futuro. Es un documento que plantea una isla cohesionada, moderna, diversificada y sostenible”.
Uno de los objetivos principales del PIOGC es el impulso de la soberanía alimentaria. Para ello se favorecerá la recuperación de terrenos agrícolas en desuso mediante la regulación del sector agropecuario y acuícola, preservando las principales vegas agrícolas del norte, este y suroeste insular, “así como las zonas agrícolas de medianías y cumbres con la eliminación de las restricciones normativas que obstaculizan la implantación de estos usos, a la vez que se impulsa la investigación, el desarrollo y la innovación para la mejora de la productividad”.
Servidumbres legales
La consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, asegura que se han liberado 116 de las 171 piezas en el sureste de la isla. La mayoría se encuentran en Telde e Ingenio, los municipios más afectados y que ahora no van a necesitar estudio aeronáutico para realizar proyectos de residencia o económicos. Se incorporan, a escala insular y de común acuerdo con las administraciones sectoriales, condicionantes en materia de Defensa, Tren o Costas y también determinaciones de protección del litoral, la erosión costera y los efectos del cambio climático.
Además, se garantiza la operatividad de Puertos y Aeropuerto, dando seguridad jurídica a las actuaciones territoriales en el Plan. En particular, se incorpora un Estudio Aeronáutico de Seguridad “para asegurar la armonización de sus previsiones con las servidumbres aeronáuticas, de manera que se brinde una mayor certidumbre a los municipios que inicien la adecuación de su planteamiento urbanístico bajo el paraguas de dicho estudio, dada la afección directa de estas servidumbres aeronáuticas a la mayor parte de la población, las principales infraestructuras de movilidad, de producción y transporte de energía, comunicaciones, agua y residuos, y los ámbitos estratégicos de implantación y extensión del tejido residencial y productivo más relevantes para Gran Canaria”.