Las ONG que gestionan los centros de menores tutelados no han tardado en responder a los datos aportados este martes por la consejera de Política Social y Accesibilidad en el Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena. Reconoció que la Corporación Insular les debe en total 8,8 millones de euros a siete de ellas. La Asociación Regional de Organizaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud, Familia y de la Justicia Juvenil de Canarias ha enviado una nota en la que exige que se ingrese ese dinero.
“De no abordarse de forma inmediata el abono de las deudas pendientes, se estaría poniendo en grave peligro la atención a estos niños y niñas, la estabilidad laboral y personal de más de 500 profesionales y sus familias, así como la propia viabilidad de las entidades que prestan este servicio indispensable para la infancia canaria en situación vulnerable”, expone.
40 centros
Considera que es urgente buscar una solución al ingreso de una cuantía que roza los 10 millones de euros y renovar los contratos que rigen la gestión de los hogares de protección. Cuenta que no se actualizan desde el año 2008 a pesar de que atienden a más de 400 menores en 40 centros de acogida, “encontrándose desde hace años en una situación irregular”.
“El Cabildo publicó”, dice, “una licitación en el año 2019”. Pero fue anulada por contener errores en la valoración económica del coste de personal, según la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Continúa la nota exponiendo que como los centros se encontraban infrafinanciados “y sin amparo legal” se realizaron contratos de emergencia para subir la cuantía.
"Seis meses de retraso"
“Estos contratos quedaron sin efecto el 28 de febrero de 2021. A partir de esa fecha, los procesos de abono de las cantidades contratadas a las entidades del Tercer Sector que prestan este servicio se han venido dilatando en el tiempo, acumulando más de seis meses de retraso en todos los casos, y en algunas entidades hasta 20 meses”, prosigue.
“Durante esos amplios lapsos temporales no se ha percibido ningún ingreso para hacer frente a salarios, gastos corrientes, actividades y todo lo que implica una adecuada atención de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes cuya guarda y/o tutela corresponde al Cabildo”, protesta.
"No se ha puesto en marcha"
La Asociación establece que, tras diversas reuniones mantenidas, el Cabildo anunció a finales de 2022 que la gestión de estos 40 centros se realizaría, a partir del año 2023, mediante la fórmula de concierto social. “Sin embargo, hasta la fecha no se ha puesto en marcha este anuncio y no existe previsión cierta de cuándo se hará, lo que genera una gran incertidumbre y preocupación a las entidades encargadas de la gestión y a las personas que trabajan en ellas”, manifiesta.
“El sistema se sostiene actualmente mediante el endeudamiento de las entidades no lucrativas, que no tienen otra solución que no sea adelantar, con un alto e irrecuperable coste financiero para ellas, las cantidades necesarias para mantener la atención y actividad en los recursos pertenecientes al Sistema de Protección”, exclama.
Una solución urgente
Pone sobre la mesa que se han dirigido en repetidas ocasiones a la Consejería de Política Social del Cabildo y al IASS instándolos a solucionar de forma urgente tanto el abono de las deudas como la regularización de los contratos o conciertos. “Ante la inacción, nos vemos en la necesidad de reclamar al presidente del Cabildo que intervenga y proporcione soluciones que reviertan una situación que se ha extendido durante 15 años”, declara.
El presidente de la Asociación, Juan José Domínguez, emitió el pasado 12 de abril un escrito a Isabel Mena para hacerle varias propuestas de mejora “que en mayo 2023 le hicieron llegar algunas de las entidades”. Una de las peticiones es que los centros de menores que tengan 10 plazas dispongan de un director, un psicólogo, un trabajador social, tres educadores sociales, siete auxiliares educativos y un servicio doméstico.
“Respecto a las condiciones laborales del personal de los hogares de acogimiento residencial, consideramos imprescindible reconocer y abonar el Complemento de Insularidad de los Trabajadores y tenerlo en cuenta en el cálculo económico de los contratos”, afirma.