El consejo rector del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) en el Cabildo de Gran Canaria, convocado de forma extraordinaria para este miércoles, aprobará la sexta adenda que habilitará 887 plazas tanto de discapacidad como de dependencia en la isla capitalina. Se trata de un convenio de cooperación alcanzado entre la corporación insular y el Gobierno regional el 16 de agosto de 2018 del que, por el momento, han salido adelante seis partes — una cada año— .
Atlántico Hoy ha tenido acceso al documento, firmado el pasado 26 de septiembre, en el que se toma la decisión de elevar también al Consejo de Gobierno la aprobación y la autorización —que deberá llevar la rúbrica del presidente Antonio Morales— . El texto, que está firmado por la consejera de Política Social y Accesibilidad — así como presidenta del IASS— , Isabel Mena, indica que la Intervención General del Cabildo —órgano fiscalizador encargado de revisar que todo esté en orden— informó favorablemente un día antes de suscribir la adenda.
"Ha costado un tiempo"
El encuentro que tendrá lugar 24 horas después de la publicación de este artículo coincide con lo que había adelantado este periódico la semana pasada: las 72 plazas de discapacidad para mayores de 21 años — incluidas en la adenda— estarán disponibles en octubre. “Estamos en la recta final”, afirmaban las fuentes consultadas. Estaban a la espera de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo autonómico, área liderada por Candelaria Delgado.
El acuerdo del Consejo de Gobierno a nivel regional tuvo lugar el pasado 31 de julio en el que se autorizó la suscripción de la citada Adenda de modificación al convenio. Ambos se remitieron el 7 de agosto desde el Servicio de Gestión Económica de la Dirección General de Dependencia y Dirección General de Discapacidad, por lo que el acuerdo se alcanzará casi dos meses después. “Ha costado un tiempo”, contaban desde Política Social, “conseguir que la firmaran”. “Se había dilatado un poco el proceso”, añadían.
Inversión
La inversión prevista en un principio por parte de ambas administraciones aumentará. Tras analizar el informe del jefe de servicio de gestión económica del IASS del 16 de septiembre, se extrae que el compromiso de aportación de la comunidad autónoma para este año pasa de 71.082.689,30 a 74.235.952,33 euros, lo que representa un incremento de 3.153.263,03 euros, con relación a la adenda inicialmente firmada. Por lo tanto, desde el Cabildo, a través del IASS, se dará trámite al preceptivo expediente de Modificación Presupuestaria por Generación de Créditos en el Presupuesto Insular.
El compromiso de aportación del Cabildo de Gran Canaria para el 2024 pasa de 29.248.198,93 a 30.130.685,23 euros, lo que representa un incremento de 882.486,30 euros. “En este caso, las economías necesarias para garantizar la variación al alza en el compromiso de aportación del Cabildo de Gran Canaria, se obtendrán de la propia ejecución presupuestaria del IAS para el presente ejercicio, sin que repercuta negativamente en la prestación de otros servicios”, reza el texto.
Informe jurídico
El objetivo del acuerdo en todo en todo momento ha sido aumentar y aumentar los recursos para 2024, así como incorporar al sistema de atención a la dependencia las nuevas plazas derivadas del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Este diario también ha tenido acceso al informe sobre la sexta adenda elaborado por la asesora jurídica del Cabildo Insular Rosa María Oramas.
Establece que la adenda “es el instrumento jurídico que permite dar cobertura formal a unas concretas actuaciones entre las dos administraciones para la consecución de fines comunes de interés público”. Aún así, reitera, como ya ha dicho “en anteriores informes” que la figura del convenio para regular la participación de varias entidades públicas en un proyecto “debe ser utilizada muy excepcionalmente”.
Resto de islas
“Lo lógico sería regular esa participación mediante instrumentos legislativos (ley, decreto, orden) que previamente se hayan negociado, pero con clara vocación de permanencia y con exigibilidad jurídica mucho mejor definida. Una buena estructura legal que definiera los principios, los objetivos, sus planes de cumplimiento, las competencias respectivas y la participación en la financiación. Y más cuando nos vemos al final de todos los ejercicios regularizando la situación del año presente y prorrogando su duración in extremis”, continúa.
Señala que la suscripción del convenio conlleva la incorporación de nuevas plazas de atención residencial y diurna tanto en el sector de mayores como de discapacidad, derivadas, en algunos casos, de la creación de las infraestructuras sociosanitarias en el marco del II Plan de Infraestructura Sociosanitaria. Así como el incremento del número de plazas de teleasistencia y horas de atención de promoción de la autonomía personal y de ayuda a domicilio.
El Gobierno canario tiene como objetivo hacer lo mismo en el resto de islas. Para Tenerife destinará 89.060.126,13 euros; para Fuerteventura 3.442.350,91; para El Hierro 2.408.151,19 euros; para La Gomera 5.642.490,51 euros; y para Lanzarote 10.431.423,31 euros. Todo unido a lo que ponga, además, cada cabildo insular.