La junta de personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria asegura que el Cabildo insular tiene que indemnizar a los bomberos de la entidad con casi 20 millones de euros por las 400 horas extras anuales efectuadas desde 2012. Asimismo, también acusan a la administración pública de querer “privatizar ciertos parques de bomberos” como “castigo” por el centenar de sentencias que han ganado y que les dan la razón sobre la jornada laboral que reivindican desde 2012, cuando se les amplió de forma "ilegal".
En una rueda de prensa, el presidente y el vicepresidente de la junta de personal, José María Monzón (CCOO) y Pedro Gallego (CSIF), respectivamente, han denunciado las pretensiones del Cabildo, a cuyos responsables culpan del "caos" en el que se encuentra el servicio por la falta de personal.
Privatización
Gallego ha informado de que el pasado día 3 de octubre, el Cabildo propuso la privatización de servicios en la junta general del Consorcio —esta estaba integrada por 19 ayuntamientos de la isla y por el Gobierno canario— alegando que no dispondrán de personal suficiente si aplican la jornada que recoge las sentencias que han ganado en los tribunales tras doce años de conflicto. Los representantes de la junta de personal han advertido de que la privatización "no significará ninguna mejora del servicio" y que en ningún lugar de España existe esta fórmula porque estos trabajadores han de ser funcionarios públicos.
Según han explicado, son ocho los parques de la isla —el de Tejeda permanece cerrado por la carencia de bomberos— y en cada uno de los otros siete debería haber entre cinco y seis efectivos, pero están servidos por dos en ocasiones, lo que “pone en riesgo a los trabajadores y también la atención debida a los ciudadanos”.
Más efectivos
Los representantes de los trabajadores han reclamado, también, una oferta pública de empleo, pues la última se convocó en 2012 y no se resolvió hasta 2019, así como una auditoría de las cuentas del Consorcio, pues tampoco entienden cómo se ha podido generar un remanente de tesorería de más de 35 millones de euros entre los años 2010 y 2022.
Tanto Gallego como Monzón piden que el Cabildo se siente a negociar con la junta de personal, además de demandar la contratación de 39 efectivos a través de la lista de reserva para poder cubrir de forma inmediata la falta de personal. Gallego ha indicado que el Consorcio cuenta con 235 bomberos pero son 196 los que están trabajando de forma efectiva, por lo que la contratación de los 39 adicionales que solicitan no generaría cambio alguno en el presupuesto de la Corporación insular.