Una ONG llevará a la Comisión Europea la ampliación del "megapuerto" de Corralejo (Fuerteventura)

La ONG denuncia que el Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias encontró "graves e irreversibles impactos ambientales" en el proyecto

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Proyecto de ampliación del puerto de Corralejo (Fuerteventura)./ ARCHIVO
Proyecto de ampliación del puerto de Corralejo (Fuerteventura)./ ARCHIVO

La ONG Clean Ocean Project denunciará ante la Comisión Europea la ampliación del puerto de Corralejo (Fuerteventura) que proyecta desde 2021 el Gobierno canario al estimar que sería un "megapuerto con una visión obsoleta y de alto impacto ambiental, contraria a los preceptos de sostenibilidad y protección ambiental".

Tras analizar los "graves e irreversibles impactos ambientales del megapuerto descritos por el Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias", la organización ha reclamado al Ejecutivo canario y a las instituciones de Fuerteventura el cierre del expediente y la caducidad definitiva del ‘Proyecto Técnico de Nueva Dársena Comercial en el Puerto de Corralejo, T.M. de La Oliva, Isla de Fuerteventura’.

"Incompatible" con la legislación 

En un comunicado, la ONG recalca este miércoles que el proyecto es "totalmente incompatible" con la legislación ambiental europea, estatal y canaria, "por el sobredimensionamiento de la infraestructura proyectada con una financiación pública del todo innecesaria, y por el oscurantismo, falta de transparencia y presuntas irregularidades que ha detectado en la gestión de los anteriores responsables gubernamentales de este proyecto".

En un informe redactado por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en noviembre de 2022 sobre el proyecto se concluye que, "de ejecutarse, se debería asumir que la turbidez y sedimentación de finos afectase a una amplia zona con presencia de hábitats de interés comunitario: 1.170 arrecifes, 1.110 bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda y 8.330 cuevas marinas sumergidas o semisumergidas, además de multitud de especies con distintos grados de protección", detalla la nota.

Alegaciones respondidas por la misma empresa

Clean Ocean Project no acepta que las alegaciones presentadas a la ampliación de este puerto, situado en el norte de Fuerteventura, por diferentes entidades en el periodo de exposición pública "hayan sido evaluadas y respondidas por la misma empresa privada que redactó el Estudio de Impacto Ambiental".

Tampoco entiende que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria emitiera en junio de 2022 un informe sobre la ampliación de este puerto "que no fue sometido a consulta pública y en el que se afirmaba que no se producirán efectos negativos sobre la presencia y distribución de las especies y hábitats marinos prioritarios, una valoración opuesta a la emitida por el órgano ambiental del propio Gobierno de Canarias".

Informes contradictorios

Para la ONG, "no se explica que el anterior viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias haya afirmado en mayo de 2023 que los informes analizados no suponen efectos ambientales distintos a los previstos originariamente en el Estudio de Impacto Ambiental ni contradicen ni alteran ningún análisis ni conclusiones del mismo, cuando conocía que los informes analizados y elaborados por el organismo ambiental del Gobierno canario reflejaban exactamente lo contrario".

Desde octubre de 2023, la organización lleva proponiendo al Gobierno de Canarias alternativas para orientar la reforma portuaria hacia un modelo menos costoso y respetuoso con la naturaleza y los recursos costeros de Corralejo, si bien hasta la fecha no ha obtenido respuesta institucional alguna, según asegura.

Oposición de la alcaldesa de La Oliva

Clean Ocean Project valora que el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, haya declarado públicamente su oposición a este "megapuerto de alto impacto ambiental, innecesario desde la perspectiva económica, social y marítima, e irregular por incumplir las leyes que protegen la naturaleza".

Sin embargo, reclama "que el posicionamiento del alcalde sea ratificado por la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias para garantizar que la reforma que finalmente se lleve a cabo cumpla con la legislación ambiental y atienda las necesidades reales de tráfico portuario, seguridad y medidas que preserven el paisaje".