La consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, acordó este jueves declarar el interés público y social de la planta solar fotovoltaica Taro I que estará ubicada en Rosa de La Monja (Puerto del Rosario). Es una instalación en torno a la que ha habido dudas legales sobre si está permitida su construcción en la normativa, pero parece que todo está aclarado porque la corporación presidida por Lola García también dio el visto bueno a su compatibilidad con el Plan de Ordenación vigente en la Isla (PGO). Así queda reflejado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La clave para entender lo que ha ocurrido es la necesidad de promover las fuentes renovables y que no existe ningún artículo en la ley donde se prohíba expresamente colocarla. Aún así, para comprender lo que ha ocurrido es importante ir por partes. Todo se remonta a un informe técnico reciente —del pasado 27 de junio—, donde se recoge que la empresa Haz Energía solicitó al Ayuntamiento de la capital majorera tramitar el expediente de interés público de la actuación. La potencia prevista para las placas es de 2,5 MW.
Servicios jurídicos
Más atrás en el tiempo, el 1 de diciembre de 2022, los servicios jurídicos mandaron un estudio del planeamiento municipal que detalla las diferentes categorías de suelo encontradas: rústico, urbano consolidado y urbanizable no sectorizado. Se toparon con que el PGO no lo impedía claramente porque “no ha desarrollado una regulación expresa, ni con grado suficiente de detalle para poder legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones remitiendo, en cualquier caso, a lo que disponga el planeamiento insular (PIO), que actualmente carece de determinaciones al respecto”.
Los mayores quebraderos de cabeza los dio, sin duda, el área rústica. Ahora bien, el PIO majorero solo restringe en zonas así los tendidos aéreos, las viviendas o el uso residencial. Por otro lado, lo que permite son construcciones de interés general como equipamientos de uso público o explotaciones ganaderas de entidad. Por lo tanto, “la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento”.
Ley del Suelo
Además, en el Plan Insular se habla de “potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades en actividades agrícolas”.
El siguiente paso fue acudir a la Ley del Suelo en el Archipiélago, debido a que su artículo 62 establece que “excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos (...) siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural, así como que ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento”.
Desde 1990
Llegados a este punto, estaban cada vez más cerca de concluir que la planta solar podría ser una realidad. El documento publicado en el BOC indica que si se quiere cumplir con los objetivos marcados, “España en general y Canarias en particular deben realizar un esfuerzo muy importante ahorro, eficiencia energética e instalación de nueva capacidad de energías renovables”. “El acuerdo de París establece un objetivo de reducción de emisiones de CO2 vinculante de un -26% respecto a los niveles de emisión de 1990”, añade.
“En 2017 la variación de emisiones respecto a 1990 era de +17,95. Y aunque el avance de 2018 estima una reducción de un de un 2,2% respecto a 2017, España no logrará alcanzar el objetivo sin un plan muy ambicioso de reducciones, que deberá obligatoriamente reducir el uso de combustibles procedentes de los hidrocarburos (fundamentalmente mediante la electrificación de parte del transporte)”, continúa. Incide en que la energía eléctrica generada por la futura planta de Puerto del Rosario no genera emisiones de CO2.
Presupuesto
Incide en que la energía eléctrica generada por la futura planta de Puerto del Rosario, para la que se destinará una inversión de 890.000 euros a la hora de ejecutarla, no genera emisiones de CO2. Otra cuestión que pone sobre la mesa es que dadas las características de esta instalación —ocupará unas 2,37 hectáreas—, se hace muy difícil ponerla sobre cubierta en suelo urbano.
Recuerda que la empresa tendrá que cumplir ciertos límites como, por ejemplo, no colocar anuncios, carteles o vallas publicitarias. “Deberá asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes”, sentencia.