La proliferación de contenedores, caravanas y casas de madera en suelo rústico en Fuerteventura ha llevado a que el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos majoreros diseñen un plan de acción para contrarrestar esta tendencia que ha dejado ya más de 500 instalaciones no autorizadas repartidas por la isla.
La presidenta del Cabildo, Lola García; el consejero canario de Política y Cohesión Territorial, Manuel Miranda, y representantes de las entidades municipales se han reunido este lunes para coordinar los trabajos que permitan frenar la propagación de estas instalaciones que contravienen la normativa urbanística y medioambiental.
"Está colonizando el territorio"
Miranda ha reconocido a la prensa esta problemática que preocupa al Cabildo majorero y ha asegurado que el Gobierno canario va a “intentar buscar una solución que pueda detener este proceso que está colonizando el territorio de forma desorganizada”.
El objetivo que se marcan las instituciones es ordenarlo siguiendo la normativa vigente “intentando que este fenómeno se pueda corregir primero de forma informativa y luego se tomarán medidas importantes”, ha añadido.
Más de 500 instalaciones ilegales
Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura detectaron más de 500 instalaciones ilegales repartidas por todo el territorio insular, aunque se cree que la cifra haya ido en aumento en los últimos tiempos.
En este sentido, el consejero canario ha adelantado la intención de hacer un censo de implantaciones en el territorio en cada uno de los municipios y “ver cuáles son las necesidades que tienen las administraciones”, ha precisado.
Proteger el territorio
Por su parte, García ha calificado de “problema serio” la implantación de contenedores y casas de madera que “no cumplen con la normativa en suelo rústico de habitabilidad”. Esta primera reunión servirá de hoja de ruta para confeccionar un plan de acción junto a los ayuntamientos.
La presidenta ha insistido en que Fuerteventura es “un territorio frágil” y de ahí que “debamos tener cuidado y protegerlo”, por lo que ha subrayado la importancia de informar a la población, ya que “muchas veces no es consciente de que cuando se implanta en el suelo rústico debe tener los permisos del ayuntamiento y la legalidad que se necesita para ocupar este tipo de suelo”.
Sanciones
Asimismo, ha anunciado que, si se tienen que aumentar las sanciones, lo harán, pero en principio la línea de trabajo de las instituciones majoreras se centrará en informar a la población sobre a qué se enfrentan si deciden instalar este tipo de estructuras en el territorio.
El Cabildo iniciará una campaña informativa sobre las prohibiciones e infracciones al respecto en este tipo de suelos, que se encuentran tipificadas de acuerdo a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pudiendo acarrear sanciones de hasta 150.000 euros, y en el Código Penal.