El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha acordado este lunes anular el procedimiento para declarar el interés insular del proyecto de Dreamland Studios que se pretendía construir a unos 400 metros del espacio natural de las Dunas de Corralejo, al norte de la isla.
El acuerdo se ha alcanzado con 20 votos a favor, los de los consejeros de CC, PSOE, NC, PP y Águeda Montelongo de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y la abstención de su compañero de partido, Sergio Lloret, presidente del Cabildo cuando el 28 de noviembre de 2022 el pleno de la institución acordó inicialmente la declaración de interés insular del proyecto.
El plenario ha dado el visto bueno a declarar la caducidad de los trámites de información pública y de consulta realizados sin recibir respuesta a las alegaciones por parte del promotor, así como denegar la declaración de interés insular.
Vulneración de la protección del lugar
La presidenta insular, Lola García, ha dejado claro que están a favor de "proyectos que diversifiquen la economía desde la industria audiovisual, pero nunca vulnerando la protección de un lugar de especial sensibilidad".
"Así lo han manifestado instituciones, sociedad majorera, asociaciones y colectivos que presentaron centenares de alegaciones al proceso para defender el territorio de un daño irreparable", ha recordado.
Diversificación económica
El vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, ha sido uno de los principales defensores del proyecto Dreamland en Fuerteventura; sin embargo, este lunes ha votado a favor de la caducidad del interés insular del proyecto.
Acosta ha manifestado la disposición del Cabildo a "seguir apostando en Fuerteventura por este tipo de proyectos que generan oportunidades de diversificación económica y para nuestros jóvenes, priorizando la protección del paisaje".
No justificado el interés insular
La consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha expuesto que se deniega esta declaración "al no estar justificado el interés insular del proyecto por su alta intensidad edificatoria, transformación urbanística y afecciones a un suelo rústico de gran valor medioambiental y paisajístico".
Además, ha recordado que diversos informes sectoriales de la corporación insular "resuelven que el proyecto es incompatible con la Reserva de la Biosfera y ha sido rechazado por todos los ayuntamientos, incluido el de La Oliva, saltándose el planeamiento municipal vigente".
Carece de requisitos
Asimismo, dichos informes determinan que los intereses del proyecto van más allá de fomentar la industria del cine en Fuerteventura, ya que el principal motor económico del proyecto es el parque temático, de donde vendrían la mayor parte de los ingresos, y no propiamente la producción audiovisual.
Además, el proyecto carece de los requisitos de necesidad sobrevenida o actuación urgente que requiere para poder ser declarado de carácter estratégico insular.
Declaración original
En noviembre de 2022 el pleno del Cabildo majorero, con Sergio Lloret como presidente, acordó inicialmente la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland con los votos a favor de los siete consejeros del PSOE (en la oposición), los dos de NC-AMF (en el gobierno insular), el de la consejera no adscrita Sandra Domínguez (en la oposición), y el de Andrés Briansó de Podemos, a pesar de que la formación morada estaba en contra.
La decisión derivó en una ruptura del pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y AMF y dejó un gobierno en minoría con solo dos consejeros: Lloret y Juan Nicolás Cabrera (AMF).
"Debilidad jurídica"
Este lunes, Sergio Lloret ha recordado que el proyecto Dreamland nació en Fuerteventura con "una minoría que no lo quería y una mayoría a favor", pero "en otro lado".
Asimismo, ha indicado que existía "debilidad" jurídica en el informe negativo del Cabildo y ha resaltado que este estuviese firmado por una funcionaria interina.
Acusaciones
Por su parte, la consejera del Partido Popular, Esther Hernández, ha apuntado, durante su intervención, que el proyecto bautizado como ciudad del cine no está en Fuerteventura porque "sólo se planteó la viabilidad económica del suelo, y no el futuro del proyecto" y por "el silencio durante dos años de este expediente en la isla".
Hernández ha acusado a Acosta de "comerse un sapo para poder seguir de vicepresidente" después de "decir en campaña que lucharía por Dreamland", y le ha recordado que ha votado en contra de sí mismo.
Judicialización del proyecto
La pasada semana, el accionista mayoritario de Dreamland Studios, José Antonio Newport, se acogía a su derecho a no declarar ante el juez después de que sus dos socios iniciales en el proyecto, las empresas Volcano y Alquimia, le presentaran una querella acusándolo de maniobrar a sus espaldas durante las gestiones para trasladar el proyecto a Gran Canaria para apropiarse de la idea y de comprometerlos a inversiones millonarias sin su permiso.
A Newport le atribuyen los delitos de administracion desleal, apropiación indebida y delito societario.