Canarias se opone a la investigación de tierras raras en Fuerteventura

El vicepresidente Manuel Domínguez afirma que no se han autorizado "ni nuevas ni antiguas solicitudes" relacionadas con los permisos de prospección de estas tierras

Jose Willis / Agencias

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A la izquierda, sección donde se aprecian minerales portadores de tierras raras; a la derecha, mapa de Fuerteventura con las zonas a estudiar./ J. MANGAS
A la izquierda, sección donde se aprecian minerales portadores de tierras raras; a la derecha, mapa de Fuerteventura con las zonas a estudiar./ J. MANGAS

El Gobierno de Canarias ha reiterado su rechazo a la investigación y extracción de tierras raras en Fuerteventura, según ha declarado el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, durante el pleno del Parlamento de Canarias.

Domínguez afirmó que no se han autorizado "ni nuevas ni antiguas solicitudes" relacionadas con los permisos de prospección de estas tierras, consideradas estratégicas por su uso en tecnologías avanzadas.

El vicepresidente aseguró que los majoreros "deben ser conscientes" de que el Ejecutivo está comprometido en evitar la extracción o investigación relacionada con tierras raras, una postura que responde a la preocupación ciudadana y al consenso político expresado en la región.

Rechazo social

El asunto fue planteado en el Parlamento por la diputada de Coalición Canaria (CC), Natalia Évora, quien recordó que en abril de 2024 la cámara aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para frenar estas prospecciones, con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox. La PNL refleja el rechazo social a estas actividades en Fuerteventura, una isla donde los ciudadanos temen los impactos ambientales y económicos de este tipo de explotación minera.

Domínguez subrayó que el Gobierno de Canarias está trabajando para evitar las consecuencias jurídicas y económicas que podrían derivarse de las solicitudes ya presentadas, y aseguró que en los próximos días se dispondrá de informes que ayudarán a tomar decisiones que eviten indemnizaciones millonarias a las empresas solicitantes.

Este debate pone de manifiesto la sensibilidad política y social en Canarias respecto al medio ambiente y la explotación de recursos naturales, con especial énfasis en la protección de los intereses de la población de Fuerteventura frente a actividades que se perciben como potencialmente dañinas.

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