El magistrado del Juzgado Nº 3 de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, ha suspendido este jueves la vista de medidas cautelares que el Grupo Santana Cazorla solicitaba contra Anfi Sales y Anfi Resorts, ante la incomparecencia del administrador de la concursal de Anfi, Enrique Sirera. La vista pretendía conseguir la impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración del 22 de febrero donde se aprobó una propuesta de convenio de acreedores por los consejeros de IFA Canarias, en un presunto perjuicio de los consejeros de Anfi que no estaban presentes.
Los abogados del Grupo Santana Cazorla defienden la tesis de que existe un conflicto de intereses con los consejeros sociales que dependen de IFA Canarias –compañía que forma parte del Grupo Lopesan–.
Origen del conflicto
Entienden los representantes del Grupo Santana Cazorla (GSC) que tanto los consejeros de IFA Canarias como el administrador concursal pretenden regalar la compañía [Anfi] a Lopesan. El equipo legal de la citada compañía ha insistido en que la empresa “tiene derecho estatutario de designar a la mitad de los miembros del consejo de administración".
Además, apuntan a que 947 MSC Inversión Internacional y 959 Oliva Inversión Internacional, dos empresas fundadas por Manuel Santana Cazorla –hermano de Santiago, propietario del grupo– son propiedad de IFA Canarias y que ese es el origen del conflicto.
Viaje programado
Según ha podido conocer Atlántico Hoy, el administrador Enrique Sirera no pudo asistir a la vista suspendida este jueves porque tenía programado un viaje con anterioridad. El magistrado Avelló, prefirió suspender el acto ante la posibilidad de que al no presentarse Sirera pudiera ser causa de nulidad de las actuaciones que se llevaran a cabo.
Este medio también ha confirmado que tampoco acudieron a la citación los numerosos testigos que debían presentarse, entre ellos Manuel Santana Cazorla, su esposa, Balcón del Tablero SL y la administradora de IFA Canarias, Yaiza García y de LS Invest. A la vista suspendida asistió la abogada que representa a unos 1.000 acreedores de Anfi, que está cooperando estrechamente con el Grupo Santana Cazorla y la concursal, que comparte la tesis del conflicto de intereses.