Santiago Santana Cazorla continúa con su huida hacia adelante con el fin de ganar tiempo ante la justicia. Con su entramado de sociedades acuciadas por las deudas y los concursos de acreedores, el empresario grancanario se encuentra inmerso en diversos procesos legales a raíz de una guerra interna originada por él mismo, y que ha acabado desembocando en el colapso del holding familiar Grupo Santana Cazorla (GSC).
Instalado en Marruecos desde 2016, Santiago Santana no solo ha perdido en este tiempo todo el crédito de las entidades financieras, a las que sus empresas en concurso adeudan más de 300 millones de euros, sino que ha visto cómo la justicia ha desmontado una ficción carente de fundamento jurídico.
Conspiraciones contra su propio hermano
En un intento en vano por centrifugar responsabilidades, el entorno más próximo de Santiago Santana (con su hijo Alberto como cabeza visible) ha trazado una serie de teorías conspirativas a partir de acusaciones y querellas infundadas contra su propio hermano mayor, Manuel Santana Cazorla, el entorno de éste y el empresario hotelero Eustasio López.
Empresas del entorno del presidente del Grupo Lopesan se encuentran entre las afectadas por la quiebra de Anfi Sales y Anfi Resorts, con un pasivo acumulado de 275 millones de euros. De este modo, López figura como copartícipe indirecto de estas sociedades al 50% junto a GSC.
Derechos políticos versus económicos
El grupo de Santiago Santana ostenta el control en ambas empresas al ser el titular de las participaciones denominadas de “Clase A”, que incluyen importantes privilegios para sus propietarios. De hecho, ese tipo de acciones disponen de prerrogativas sobre la dirección y gestión de las compañías, lo que se conoce en términos mercantiles como derechos políticos. Sin embargo, y a pesar de que el hotelero López ha tenido una implicación marginal en estas dos sociedades, Santiago Santana y su entorno siguen empeñados en desviar la atención hacia quien consideran que puede responder económicamente por el quebranto existente.
Así lo demuestra un último escrito, presentado el pasado día 10 ante el administrador concursal. Sin contrastar hecho alguno se atribuye al presidente de Lopesan “la condición de administrador de hecho”. Esa consideración se produce a pesar de que la titularidad de las participaciones que conceden el poder real de decisión en el consejo de administración recae única y exclusivamente en el entorno de Santiago Santana.
Historia de un descrédito
Esta acusación tiene todos los visos de seguir el mismo recorrido que la querella, presentada en su momento por Alberto Santana Trujillo y dos de las empresas que representan a su progenitor Santiago Santana y familia (Bodegas de Tirajana y Santana Cazorla Servicios), contra Eustasio López y Manuel Santana Cazorla por “un presunto delito de administración desleal, acuerdos abusivos en perjuicio de las minorías y delito de coacciones”. Una causa que, en lo referente a la figura del propietario de Lopesan, ha acabado siendo archivada definitivamente por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Esta resolución de la letrada de la Administración de Justicia Eva María Hernández Burgos se produjo después de una declaración doble de sobreseimiento libre sobre la figura de López, tanto por parte en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana como por la propia Audiencia Provincial. En el caso de esta última, la absolución llegó a raíz de un recurso de apelación contra el auto inicial interpuesto desde el entorno de Santiago Santana.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso aseguran que el revolcón que ha sufrido en los tribunales constituye una demostración más de las artimañas en la gestión del grupo, así como de la falta de fundamento jurídico de la estrategia conspirativa del menor de los Santana Cazorla, orquestada simplemente con el fin de eludir responsabilidades.