Los días del grupo Santana Cazorla en Anfi del Mar están contados, una vez la administración concursal -la empresa matriz entró en concurso hace más de un año- ha puesto a la venta la participación del 50% que la compañía canaria ostenta de las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, las cuales conforman la operadora turística de timesharing.
Según ha informado Expansión la venta está valorada en 202 millones de euros, la mitad de los 404 en los que están tasadas ambas sociedades. Anfi Sales, dedicada a la explotación y comercialización, tiene reconocidos créditos por valor de 162 millones de euros, mientras que Anfi Resorts, sociedad administradora de los complejos turísticos y residencias, los tiene por valor de 123, hasta un total de 285 millones.
Alrededor de 40.000 socios tienen derecho de uso de los apartahoteles y villas de los complejos de Anfi, que cuentan con 7.500 habitaciones y 15.000 camas, además de dos complejos con 18 villas de lujo y 119 apartamentos.
La posición de Lopesan
El otro 50% de la propiedad de Anfi del Mar está en manos de Lopesan, la mayor multinacional turística de capital canario, que en 2016 adquirió por algo más de 40 millones de euros la mitad de la empresa de multipropiedad. Lo hizo a través de IFA Canarias, la filial de su empresa hotelera IFA Hotel & Touristik AG.
También por medio de IFA Lopesan se hizo, a principios del año pasado, con el 50% de la sociedad perteneciente a Manuel Santana Cazorla, quien habría decidido vender su participación en la empresa debido a importantes desavenencias con su hermano menor Santiago que aun se dirimen en los tribunales. Junto a los derechos de Anfi del Mar se incluían también los de Mar Abierto, que se declaró en insolvencia en noviembre de 2021, siendo propietaria de los hoteles de la cadena Paradise que el grupo poseía, como en el caso de Anfi, en el municipio grancanario de Mogán.
En este contexto el grupo Lopesan se encuentra en una doble tesitura. Por un lado, está entre las empresas afectadas por la quiebra de Anfi Sales y Anfi Resorts, con el mencionado pasivo acumulado de 285 millones de euros. Por el otro, es copartícipe indirecto de estas sociedades al 50% junto a Santana Cazorla. De facto es propietario del 75% de la empresa, pero hasta ahora ha estado maniatado por los movimientos del pequeño de los hermanos Santana Cazorla.
Guerra fraticida
Después de que la concesión por 20 años a Grupo Anfi caducara en marzo de 2009, Santiago Santana presentó cuatro meses después una primera solicitud al margen de sus socios por mediación de la empresa pantalla Bulti Dior, que más tarde derivaría en Gestiones y Explotaciones Narval, administrada por Alberto Santana Trujillo, hijo de Santiago. Casi un año después sus socios en Anfi intentaron reaccionar, demasiado tarde, a este movimiento presentando su propio proyecto.
La resolución inicial de Costas del 27 de septiembre de 2010 a favor de Bulti Dior fue el inicio de una batalla legal que arrastra a centenares de afectados: desde los más de 800 empleados hasta algunos de sus socios indirectos en las empresas que forman parte del entramado Santana Cazorla.
Tras un primer recurso, el Ministerio de Transición Ecológica acabó otorgando la explotación de Anfi del Mar en 2011 a Santiago Santana con el compromiso de transferirla de vuelta al grupo Anfi del Mar, una concesión que en 2019 quedó sin efecto tras la sentencia de la Audiencia Nacional.
Tentado por los más de tres millones de ingresos anuales que suponía la explotación de esta concesión, Santiago decidió incumplir el compromiso, eliminando de la ecuación no sólo a sus socios noruegos -los herederos de Björn Lyng, instigador primigenio del proyecto junto a los empresarios grancanarios-, sino también a su propio hermano. Una traición que supuso el inicio del declive de los Santana Cazorla, con la consiguiente fractura en los consejos de administración de sus empresas y una guerra judicial con infinidad de pleitos.
Manuel Santana Cazorla pasó entonces a engrosar la larga lista de afectados que ha ido dejando a su paso su hermano Santiago, acusado de quebranto patrimonial por el propio Manuel y sus socios en Anfi del Mar. Según ellos, Santiago Santana Cazorla habría descapitalizado la empresa, privándola de unos ingresos que habrían permitido hacer frente a los créditos reclamados por las entidades financieras. Un agujero financiero que ha terminado por ahogar a la totalidad del entramado societario del grupo Santana Cazorla.
La situación de insolvencia del holding acabó de evidenciarse en el consejo de administración celebrado en julio de 2021, cuando se anunció que el pasivo de créditos adeudado a las entidades financieras superaba los 300 millones de euros.
Traspaso de Costas
Ahora la situación ha cambiado. Según publicaba hace pocos días La Provincia, la Dirección General de la Costa y el Mar, la cual gozaba de la última palabra, archivó el pasado febrero el expediente para la explotación de los servicios de playa del puerto deportivo de Anfi del Mar, una vez fue traspasada la gestión de Costas al Gobierno canario, responsable en la actualidad de solventar la papeleta.
Según el acuerdo con el Gobierno estatal se traspasaba la competencia en autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; las concesiones demaniales a las que se refería el artículo 64 de la Ley 22/1988, incluidas la gestión, registro, la emisión del informe previo a su rescate y la potestad sancionadora en lo referente al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales.
No obstante, el Ejecutivo canario considera que esto se aplica a partir del traspaso, no a los expedientes anteriores. A su entender, los expedientes en curso deberían ser gestionados por quien ostentaba la competencia y por ello no ha descartado acudir al Tribunal Constitucional para solucionarlo, si bien en su momento el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, apuntó que esperaba que no fuera necesario llegar hasta tal punto.
Tras años de silencio administrativo no parece que la resolución de este conflicto esté cerca de terminar.