El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado los decretos por los cuales se resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco Endesa) y Red Eléctrica de España por el cero energético ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2019 en la isla de Tenerife. Para la empresa distribuidora y generadora (Unelco Endesa) la sanción será de 13.668.001 euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013. Mientras, en el caso del transportista (REE) la multa ascenderá hasta los 11.190.751 euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo.
En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el pasado 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2. Por su parte, este hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica. No sólo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos Gas 1 y 2 la estrategia de reposición de suministro.
Sin protección en la Subestación
Además, en el caso de REE, entre otros aspectos, el Gobierno ha indicado que ha resultado patente que la Subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones, conforme a su grado de criticidad exigido en el Sistema Eléctrico Canario. Este comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red. Como consecuencia de estos hechos, el Ejecutivo ha incidido que ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica.
Finalmente, la administración ha recordado que el órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.