Los bancos Sabadell, Caixabank y Santander quieren tomar la palabra ahora que se ha hecho público el acuerdo de Naviera Armas. Este ha implicado que los nuevos propietarios, también acreedores mayoritarios y bonistas -JP Morgan, Barings, Bain Capital y Cheney Capital-, hayan adquirido un 30% más de acciones de las que tenían previamente a cambio de una quita del 60% en la deuda que tenía la naviera con ellos. Algo que no ha hecho gracia a los bancos, según ha podido confirmar Atlántico Hoy.
La cuestión es sencilla: el acuerdo prevé que el dinero que las tres entidades bancarias prestaron a Naviera Armas en 2020 -en total, 64'5 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- queden condonados al 100%, dado que, según sostienen los nuevos propietarios, la nueva Ley Concursal prevé que se establezcan distintas clases en la deuda, dándole distinta prelación -esto es, prioridad o preferencia a la hora de cobrar- a cada una de ellas, y prevalecería el derecho a cobrar de JP Morgan y el resto de accionistas mayoritarios por su condición de bonistas que el de los bancos como simples acreedores.
Salvaguardar su interés económico
Además, al estar avalados por el ICO, los bancos podrían recuperar hasta el 70% de la deuda que Naviera Armas tenía con ellos, recibiéndola desde el instituto. Esta semana, el periódico Cinco Días explicaba este punto, añadiendo que JP Morgan y el resto de bonistas se escudan en que, a fin de cuentas, el ICO devolverá a los bancos un mayor porcentaje de la deuda que la que, siempre en términos porcentuales, recibiran ellos mismos. La cuenta es clara, el 70% avalado por el instituto contra el 40% que recibirán los nuevos propietarios tras la quita del 60%.
Pero Sabadell, Caixabank y Santander no están contentos, dado que lo consideran una imposición. Cierto es que la Ley Concursal prevé, en caso de acuerdo mayoritario entre acreedores, que las decisiones tomadas arrastren a la parte minoritaria que no esté conforme, que es exactamente lo que habría ocurrido en este caso. No obstante, los bancos han tratado de negociar en conversaciones, hasta ahora, estériles para el objetivo que persiguen, que es salvaguardar tanto su interés económico como el del Estado -en previsión de que a quien tocaría pagar ahora el 70% de los 64'5 millones es al ICO-.
Máxime cuando lo que buscan los nuevos propietarios también es salvaguardar su propia operación, plasmada en el plan de reestructuración. Como adelantó Atlántico Hoy este jueves, parece que la idea de los bonistas de vender Naviera Armas no se ejecutará en el corto plazo si su acuerdo continúa tal y como está planteado. Antes de ello, y para compensar el pasivo al que renuncian y los 70 millones de euros de liquidez que han inyectado en la compañía, los nuevos propietarios quieren dejar pasar un plazo que les permita recuperar la inversión y sanear la naviera.
Los juzgados, el último recurso
Esto no quita que las tres entidades no quieran que se garantice la continuidad de Naviera Armas, todo lo contrario: están interesadas en continuar las negociaciones para que sean satisfactorias tanto para el furturo de la compañía, como para ellas, como para los nuevos propietarios.
Esto pasa por paralizar el acuerdo de reestructuración alcanzado la semana pasada. Los bancos se mantienen abiertos a renegociar uno que les favorezca, pero no descartan impugnar judicialmente el actual, que todavía tiene que ser aprobado por la junta de accionistas de Naviera Armas en la segunda quincena de mayo.
El acuerdo ha pillado desprevenidos a Sabadell, Caixabank y Santander y ahora el reloj corre en su contra. Quieren igualdad de trato con los bonistas, pero se enfrentan a una legislación que, a priori, le da la razón a estos. Con tan solo un mes por delante para que el trato quede refrendado por la junta de accionistas, sólo cabe esperar a las acciones de los bancos ante la justicia como medio de presión que, en cualquier caso, dilatarán en el tiempo el proceso del acuerdo.