Los propietarios de Armas, compañía canaria ahora bajo control de varios fondos de inversión —durante la primavera cambiaron deuda por títulos para quedarse con el 94% del accionariado—, han inyectado 60 millones de euros en una de las empresas del consorcio creado alrededor de la naviera antes de vender el negocio. La inversión, ejecutada a través de una ampliación de capital en Bahía de las Isletas SL, sólo persigue evitar la insolvencia y garantizar el funcionamiento momentáneo de la consignataria.
La operación, realizada a través de dos ampliaciones de capital —una de 29,5 millones y otra de 31 millones de euros (para dejar el resultante suscrito en 75,2 millones)—, forma parte del plan trazado por los nuevos propietarios para reordenar Armas. El objetivo es inyectar liquidez para que la empresa pueda cubrir sus necesidades y operar sin problemas, recapitalizar deuda al convertirla en capital y postergar vencimientos.
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Bahía de las Isletas SL está presidida por Antonio Armas Mead y en su consejo de administración también se sientan Jonathan Cumming, Carlos Gila Lorenzo y Naviera Bandama SL —que cuenta con el propio Antonio Armas Mead como administrador único—. Cuestionada por estos movimientos, Armas considera que "se trata de un tema interno y no es relavante".
El balance de Armas, a final de 2021, no dejaba dudas sobre su delicada situación financiera: estaba en quiebra. Su pasivo total neto, entonces, era de casi 800 millones de euros —producto de un pasivo neto de 596 millones de euros (al presentar un pasivo bancario de 892 millones y una caja de 296 millones) y adeudar otros 178 millones de euros a empresas de su propio grupo— y sus fondos propios, además, eran 90 millones negativos.
Pulso con la banca
En ese marco tan calamitoso, un grupo de bonistas de la compañía acordaron en abril extender el vencimiento y reducir la deuda del grupo a cambio de hacerse con la mayoría del capital —la familia Armas mantuvo el 6%—. El 94% restante quedó en manos de gigantes como JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor que, además, impusieron una quita del 100% al préstamo de 64 millones concedido por CaixaBank, Banco de Santander y Banco de Sabadell con aval de ICO —operación que ha acabado con una demanda de las entidades bancarias en un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria—.
Los fondos de inversión, para dejar fuera de la ecuación a CaixaBank, Santander y Sabadell, se agarraron a la nueva ley concursal, precepto que permite que una mayoría de los acreedores puede obligar a otros deudores o accionistas a aceptar los términos que decidan para reestructurar una compañía —una operación conocida como derecho de arrastre y que en este caso se fue a una quita del 100% de la deuda—.
Baleària y Grimaldi
Una de las opciones que los bancos plantearán al magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para solventar este pulso con los fondos de inversión, como confirmó Atlantico Hoy el 22 de junio, es cambiar parte de su deuda por acciones de la naviera, tal y como hicieron en su momento los acreedores mayoritarios.
El objetivo final de los nuevos propietarios de Armas es vender la naviera, tarea que, según informó la semana pasada Cinco Días, han encargado a Houlihan Lokey —banco asesor de la compañía en su reestructuración—. Dos son los candidatos que aparecen en el hozironte para quedarse con el control de la naviera canaria: Baleària y Grimaldi.