El pasado 2 de julio, Distribuidora Marítima Petrogás, brazo naval de DISA, despidió a su jefe de seguridad y prevención (que en este artículo será nombrado con el nombre ficticio Rodrigo Perdomo para proteger su identidad) con un expediente disciplinario de 179 folios, alegando una presunta falta laboral muy grave por acceder con los equipos de la empresa a páginas "no autorizadas", especialmente pornográficas, que a ojos de Petrogás suponían un riesgo para la seguridad de los sistemas informáticos.
Para plantear sus alegaciones al expediente disciplinario, del que fue informado el 12 de junio, la empresa sólo otorgó a su jefe de seguridad 72 horas naturales, coincidiendo además con un fin de semana. Ahora, Perdomo ha demandado a Petrogás por despido nulo y subsidiariamente improcedente, considerando que su despido ha tenido realmente por objetivo silenciar su actuación como jefe de seguridad tras haber señalado reiteradamente situaciones de riesgo y accidentalidad derivadas, a su juicio, de la política laboral de la empresa, basada en la subcontratación de tripulantes extracomunitarios gracias a haber abanderado sus barcos en el registro naval de Madeira.
Atlántico Hoy ha tenido acceso al contenido de la demanda interpuesta por la defensa de Rodrigo Perdomo frente a la compañía petrolera, que fue admitida a trámite el pasado 6 de septiembre por el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, Petrogás (a través de DISA) ha rechazado realizar declaraciones a este medio, señalando que es política de la compañía no realizar comentarios sobre causas judicializadas sobre las que no pese una sentencia firme.
El despido
Tal y como argumenta la defensa de Perdomo, Petrogás publicó el día 12 de junio -recordemos, fecha en la que se comunicó al exjefe de seguridad que se estaba instruyendo un expediente disciplinario contra él- un Acuerdo de Empresa que tipificaba nuevas faltas que antes no existían, entre ellas precisamente la de "utilizar los medios técnicos de la empresa (teléfonos, equipos informáticos, impresoras, internet, correo electrónico, etc) con fines particulares o fuera del ámbito funcional asignado, dentro o fuera de la jornada laboral. En concreto, utilizar internet para acceder discrecionalmente a portales ajenos a la empresa o que estén fuera del ámbito funcional asignado".
Es decir, considera el demandante que Petrogás creó ad-hoc un reglamento sancionador interno que justificase su despido el mismo día que se le comunicó que estaba siendo objeto de un expediente. Añade la defensa que la compañía petrolera impuso efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2024 para ese nuevo reglamento, algo que, defiende, vulnera los derechos fundamentales de Perdomo recogidos en la Consititución Española, que garantizan que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".
Con respecto a la presunta infracción de Perdomo, siempre según la demanda, Petrogás señalaba el acceso a páginas pornográficas. Pero se da la circunstancia de que el propio despedido, según argumenta la defensa, había informado previamente a la empresa de que sus equipos tenían un malware que abría enlaces de forma involuntaria. Además, la defensa alega que existió una "imposibilidad material de cometer los hechos" dado que "los tiempos de navegación[alegados por Petrogás] son ínfimos, por conexiones involuntarias por contaminación de algún software".
El verdadero motivo, según la defensa
La defensa de Perdomo considera los motivos de despido del exjefe de seguridad "no tienen fundamento" y son "muy primarios", calificándolos de "montaje" . Sin embargo, el despedido alega que su cese se ha debido de forma encubierta a informes negativos y reiterados sobre problemas de seguridad en Petrogás desde que la petrolera sigue una política de subcontratación de las tripulaciones de los buques a través la Agencia Marítima Artiach Zuazaga (AMAZSA).
Mediante dicha estrategia, continúa la defensa, "la empresa que ha llevado a cabo varios ERE, ha sustituido de forma paulatina el personal español de los buques, con una gran formación y conocimientos sobre seguridad, por trabajadores de Sri Lanka (subalterno), Ucrania, Rusia o Georgia (oficialidad)" y "este personal contratado mediante AMAZSA, especialmente la oficialidad, tiene graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales e incumple de forma sistemática los estándares de calidad y seguridad".
La demanda refiere que el día 3 de junio, nueve días antes de instruirse el expediente sancionador, en presencia de los responsables de DISA en Canarias, Perdomo "denunció públicamente las graves deficiencias en la gestión de las tripulaciones por parte de AMAZSA que provocaban como consecuencia directa un incremento del riesgo por la subcontratación de oficiales pocos cualificados". Siempre según el demandante, tras la reunión, "los responsables de DISA en Canarias, con el objeto de garantizar la seguridad, se mostraron favorables a la propuesta de limitar los servicios de AMAZSA y volver a contratar personal experimentado español o de países europeos como oficiales de los buques avalando que tuvieran conocimientos de seguridad". No obstante, exactamente un mes después estaba en la calle.
Petrogás y una fuga hacia Madeira
Los ERE masivos para subcontratar la plantilla de Petrogás están más que documentados. Hace un año, tal y como adelantó Atlántico Hoy, la petrolera planteó el despido de 40 trabajadores (la mitad de la plantilla que quedaba entonces), siendo el tercer ERE desde 2022.
En 2022, tras los primeros ERE, dos de los entonces cuatro barcos de la compañía cambiaron su pabellón naval a Madeira, una de las regiones junto con Malta, Chipre y Bahamas a las que más se están trasladando las navieras españolas por las condiciones económicas y de contratación más convenientes que plantean, principalmente la posibilidad de contratar más tripulantes de fuera de la Unión Europea que los que se permiten en los buques abanderados en Canarias. En 2023, Petrogás cambió el pabellón de un tercer barco a Madeira.
Un problema en el corazón del REF
Pero no solo es Petrogás. La fuga de barcos del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (Rebeca) hacia pabellones navales en Madeira se contabiliza por decenas en los últimos años y es un asunto que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. En abril, la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja aprobó una PNL del PP -promovida por el diputado canario Juan Antonio Rojas- que reproducía la petición del Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de instar al Gobierno de España a tratar de evitar nuevas bajas en el Rebeca, flexibilizando sus condiciones y requisitos.
El Rebeca es una institución española con sede en Canarias, regulada en materia tributaria a través del REF. Ofrece condiciones ventajosas en lo fiscal para navieras españolas y extranjeras que se abanderen en Canarias -siempre que tengan presencia en las Islas-, pero lleva tiempo perdiendo competitividad frente a otros pabellones como los citados. Precisamente la necesidad de revisar el Rebeca es una de las cuestiones que han salido a relucir en los últimos meses en distintas comparecencias que han tenido lugar en el Parlamento de Canarias para afrotar una hipotética reforma del REF.
Ante la inacción respecto a la competitividad del Rebeca como herramienta del REF, decenas de barcos se han fugado, produciéndose miles de despidos en los últimos años. Cuando se aprobó en el Congreso la citada PNL del PP, la patronal Anave consideró que, de cumplirse la flexibilización solicitada, aún podían volver bajo pabellón canario unos 35 grandes buques mercantes -"en torno al 40% de los buques inscritos en otros registros europeos"- y, con ellos, alrededor de 1.200 empleos directos.